¿Más imputados por Pegasus? El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentado un recurso a la Audiencia de Barcelona, en el cual pide que desestime la petición de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para que se archive la investigación a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por haber ordenado su espionaje con el software Pegasus entre los años 2019 y 2020, aduciendo que tuvo el permiso del juez del Tribunal Supremo que controla este organismo. Además, en el escrito, el abogado de Aragonès, el penalista Andreu Van den Eynde, insta al fiscal de Delitos Informáticos a pedir la imputación del anterior director del CNI, Félix Sanz Roldán, ya que sostiene que en julio del 2018, cuando Aragonès habría sido espiado sin amparo legal, Esteban no era la directora, y no tendría que tener ninguna responsabilidad. Un razonamiento, que descarta Van den Eynde al asegurar que el 2018 Paz Esteban era la número 2 del CNI y, por lo tanto, sabía las investigaciones que realizaba el centro; y a la vez se plantea pedir la imputación de Sanz Roldán.
Para el abogado del presidente republicano, el archivo de la imputación de Paz Esteban "es prematuro y supondría una desprotección absoluta de la víctima". El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García - que es el único que ha imputado un cargo del Gobierno de la decena de investigaciones judiciales de Pegasus,- ya descartó archivar la imputación de Paz Esteban, e incluso abrió una pieza secreta a petición de Aragonès para aclarar el espionaje realizado por el CNI. Ahora, la última palabra la tiene la Audiencia de Barcelona.
Espionaje probado
El abogado de Aragonés recuerda que aportaron al juzgado una pericial que certifica que hay indicios de compromiso por Pegasus en el terminal del president de la Generalitat el julio de 2018, donde se localiza el proceso informático fmld, que es un proceso asociado con la infección del software espía, documentado por el laboratorio de Amnistía Internacional precisamente como fórmula de ataque de Pegasus entre mayo y noviembre de 2018.
Añade que la investigada Paz Esteban era en aquel momento secretaria general técnica del CNI, desde junio de 2017. Y, que trabajaba al CNI desde los tiempos en que se denominaba CESID, incorporándose en 1983. Por tanto, cuando habría sido espiado Aragonés el 2018, era la número 2 del CNI y tenía "responsabilidades de sustitución absoluta y actuación coordinada con la dirección así como responsable de las actuaciones de escuchas telefónicas y similares sistemas de monitorización y espionaje", y por ello, insiste que "es imposible" que por ahora se archive la investigación hacia Esteban.
Crítico con el fiscal
El penalista es muy crítico con el fiscal Roberto Valverde no solo por haber pedido el archivo de la imputación de Esteban porque el 2018 no era directora del CNI, sino por haber cuestionado la infección al asegurar que aquel año todavía no había salido el iPhone 11 que tenía Aragonés. "El Fiscal especializado en delitos informáticos no puede desconocer que esta manifestación es simplemente gratuita e incluso temeraria", afirma Andreu Van den Eynde. Expone que los indicadores de compromiso por Pegasus están obviamente vinculados a datos informáticos detectados en los terminales infectados. Tienen que ver con residuos de información muy específica que residen en la información que puede exportarse a través de las copias de seguridad de un terminal a otro e incluso a un entorno compatible externo a un teléfono móvil. "De hecho, -precisa- esta es la razón por la cual muchas periciales de detección de Pegasus se efectúan sobre backups o copias de seguridad de iPhone y no sobre el terminal mismo, a pesar de que la información se aloja tanto dentro del terminal como en la copia extraída de datos".
"Falsa" relación con los CDRs y Tsunami
Andreu Van den Eynde también es muy crítico con el juez de control del CNI, Pablo Lucas, que autorizó el espionaje a Aragonés, con tres resoluciones. Para la acusación, "el espionaje a Aragonés, bajo la aparente cobertura judicial de las tres interlocutorias, es también constitutivo de delito porque no respeta ni la ley ni los derechos y garantías constitucionales y convencionales de la víctima".
El abogado recuerda que el Consejo de Ministros permitió parcialmente el levantamiento del secreto de estas interlocutorias, pero "fueron censuradas en muchos aspectos y no aportan, por lo tanto, ningún dato sobre los indicios o informaciones que tenía el CNI". Y sostiene que "describen una colaboración supuestamente irregular del president de la Generalitat con diferentes movimientos políticos, como los CDRs y Tsunami Democrático", de la cual concluye que "es falsa y absolutamente inventada".
Van den Eynde manifiesta que las resoluciones del juez del Supremo "no contienen ningún razonamiento jurídico desarrollado ni ejercicio de referencia o ponderación de derechos fundamental", y concluye: "Presentan una realidad de la actividad judicial de garantías desoladora."