El traslado a Suiza de Ruben Wagensberg, diputado en el Parlament y secretario cuarto de la Mesa de la cámara, demuestra por qué es necesaria la amnistía que ayer hizo uno pasa atrás en el Congreso. Así lo ha manifestado el president del Govern, Pere Aragonès, alertando que no se puede poner en riesgo la aprobación final de la normal. "Wagensberg es víctima de la represión en un caso que parece más un montaje que una investigación judicial. Cuando hablamos de la necesidad de aprobar la amnistía hablamos de acabar con casos como estos, donde hay mucho dolor personal y una amenaza de reparación muy dura", ha advertido el president Aragonès, después de reunirse con el lehendakari Íñigo Urkullu en el Parlamento Europeo. Los dos participarán esta tarde en el caucus por la autodeterminación.
Aragonès llama a la responsabilidad para aprobar la ley
El día siguiente que los siete diputados de Junts votaran en contra de la ley de amnistía y que su secretario general, Jordi Turull, haya advertido a Pedro Sánchez que tienen 15 días (el tiempo que previsiblemente pasará el texto a la Comisión de Justicia antes de volver a votarse) para "tapar las rendijas del redactado", Aragonès ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" de todas las partes. "Esta ley es necesaria para poner fin al dolor que sufren centenares de personas en Catalunya y también para abrir una etapa de negociación y la restauración de los derechos y las libertades", ha señalado Aragonès, apostando por seguir trabajando en los próximos días como han hecho en los últimos meses para resolver la situación: "La ley es un objetivo por el cual hemos trabajado durante mucho tiempo. Ayer había 1.200 personas en Catalunya pendientes de si se aprobaba o no. Es el momento de asumir nuestra responsabilidad".
En su reunión con Urkullu, con quien ha destacado la "excelente relación" y "complicidad política en muchos ámbitos", el president y el lehendakari han tratado problemáticas compartidas como la gestión de los fondos europeos, criticando la gestión centralista que el Gobierno ha hecho, especialmente lo que afecta a la política industrial: "Hemos constatado la necesidad de que haya PERTE regionales en el ámbito de la industria y existe el compromiso de los dos gobiernos para avanzar en este sentido". También se ha puesto sobre la mesa el traspaso de competencias, incluidas las de la inmigración, que en las últimas semanas ha sido polémica, así o el ingreso mínimo vital, que ya se traspasó al gobierno vasco meses atrás. En la reunión, el lehendakari Urkullu ha trasladado al president catalán su propuesta para que las regiones reconocidas como nacionalidades, con capacidad legislativa y una lengua propia, puedan contar con un mecanismo para tener voz y voto en la Comisión Europea, una idea a la que Aragonès ha manifestado su apoyo.