¿Tiene que romper la Generalitat las relaciones con la Moncloa después del caso de espionaje contra al menos 65 activistas y políticos independentistas? Posiblemente es una de las preguntas que más se ha repetido la jornada de este martes, un día después de que se haya destapado el escándalo. Y la respuesta del Govern da lugar a interpretaciones abiertas: las relaciones no están rotas pero la confianza está "dañada", y para restaurarla, tiene que ser la Moncloa quien se encargue de la reparación. Así lo ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una intervención después de una reunión acompañado de todos los miembros del Govern desde el Palau de la Generalitat: "La confianza con el gobierno del estado es mínima, se hace realmente difícil confiar con quien todo apunta que te ha estado espiando".
Así pues el Govern considera que hasta que no se aclare y se sepa la verdad sobre el CatalanGate, las relaciones no se normalizarán: "La pelota está en el tejado del estado", ha insistido Aragonès, que ha reclamado al estado reparar la relación con transparencia y asunción de responsabilidades, y ha anunciado que también ha pedido una reunión con Pedro Sánchez para aclarar "cara a cara" lo sucedido y para saber hasta qué punto tenía conocimiento. ¿Ahora bien, significa eso que la mesa de diálogo se ha congelado o que no asistirán a la conferencia de presidentes? La respuesta no es muy clara. Aragonès ha reconocido que ahora es muy difícil que se den "las condiciones para avanzar" y que la mesa "ha quedado afectada", aunque la mesa ya estaba sin fecha antes de explotar la polémica. Y de la conferencia de presidentes, ha recordado que habitualmente ya no asiste, más allá de cuándo se han tratado temas como la pandemia o la guerra de Ucrania.
Qué hace falta según Aragonés, más concretamente, para restablecer la confianza? El gobierno español tiene que iniciar con la máxima celeridad una comisión interna con supervisión independiente, facilitar el trabajo de esta comisión para aclarar responsabilidades y asegurar que se asumen las consecuencias a partir de las conclusiones de esta investigación.
Más allá de la enumeración de concidicones y de la descripción de cómo están las relaciones, Aragonès ha apuntado que el CatalanGate es una "auténtica operación de estado contra representantes de instituciones democráticas", y es por eso que ha pedido que todo demócrata se rebele y exija la máxima transparencia y la asunción de responsabilidades. Asimismo ha avisado de que ofrecerán todo el apoyo y acompañamiento jurídico a las víctimas del espionaje que son trabajadores públicos o que lo fueron cuando los espiaron.
Puigneró: "Ataque intolerable"
También ha intervenido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que ha subrayado que el espionaje es un "ataque intolerable a la democracia", que demuestra que "España ya no es una democracia plena", y que va camino de ser una democracia que no cumple con los estándares europeos mínimamente exigibles. Asimismo ha insistido en que el Govern no normalizará las relaciones "con un estado represor" que entra en la intimidad de los independentistas, y ha explicado que también darán apoyo a una investigación internacional: "Hay culpables y tiene que haber responsabilidades". El vicepresidente también ha dicho que según unos cálculos iniciales se habrían podido gastar más de 20 millones de euros para espiar el independentismo. Tanto la agencia de ciberseguridad como los Mossos d'Esquadra pondrán en marcha una investigación para averiguar "quién lo hizo", ha añadido.
Respuesta de Bruselas
Esta ha sido la respuesta institucional, mientras que este mediodía ha habido una respuesta unitaria del independentismo desde Bruselas donde han participado al presidente de Junts, Carles Puigdemont; el presidente de ERC, Oriol Junqueras; y el diputado de la CUP, Carles Riera; además de los presidentes del Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, y de Òmnium Cultural, Xavier Antich. La respuesta ha sido unitaria y han decidido que llevarán el CatalanGate a la Unión Europea, la ONU y los tribunales de España, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y Luxemburgo.
En lo que no hay tanto acuerdo es en cómo tienen que seguir las relaciones con el estado. Junqueras ha apostado una vez más por mantener la "bandera del diálogo", pero ha asegurado que ERC será exigente con el Gobierno y pedirá explicaciones. Para Puigdemont, sin embargo, las cosas no pueden seguir así como están, y por este motivo ha reclamado que este espionaje político tenga "consecuencias políticas" y ha alertado de que las cosas no pueden continuar como hasta ahora. También Carles Riera de la CUP ha pedido responsabilidades a Pedro Sánchez por este espionaje, pero más duro ha sido el diputado cupaire Xavier Pellicer en rueda de prensa desde el Parlament, que ha exigido que la Generalitat congele las relaciones Generalitat-Moncloa.
¿Y qué ha dicho la Moncloa? El Estado español se ha desentendido totalmente del espionaje. Después de 24 horas de silencio la ministra-portavoz Isabel Rodríguez ha asegurado que no tiene nada que ver y que colaborarán con la justicia si ocurre para aclarar todo. Desde el PSC, por su parte, han cerrado filas con la Moncloa y han asegurado que España "es un estado de derecho que respeta los derechos fundamentales".