Lo anunció el día que tomó posesión su gobierno y este martes, una semana después, el consejo ejecutivo ha aprobado la rebaja del sueldo del presidente un 15%. Es una de las medidas destacadas de la primera reunión operativa de Pere Aragonès y sus consellers. A partir de ahora, la primera autoridad de Catalunya pasará a cobrar 130.250€ brutos el año.
El salario de su predecesor, Quim Torra, superaba los 150.000€. Lo que seguirá manteniéndose como hasta ahora es la retribución que percibirán los catorce consellers del Gobierno, que seguirán cobrando 115.000€. El debate sobre cuánto tienen que ingresar los cargos públicos es controvertido y recurrente. El propio Salvador Illa lo puso en el centro de la campaña electoral cuando anunció que se rebajaría un 30% el sueldo si llegaba a la presidencia, de manera tal que quedara equiparado en el del lehendakari.
El argumento esgrimido por Pere Aragonès para justificar la bajada salarial es que en momentos de crisis, los que están "al frente" tienen que "dar ejemplo". "Somos conscientes de las dificultades que pasa mucha gente y por eso hay que hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo", aseguró en una entrevista a TV3.
Ir a la raíz de los desahucios
Precisamente para erradicar una de las sangrías que ha agravado la pandemia, la de los desahucios, el gobierno ha aprobado este martes la creación de un grupo de trabajo destinado a garantizar el derecho a la vivienda. Participarán representantes de los departamentos de Presidencia, Vicepresidencia y Territorio, Justicia, Interior y Derechos Sociales.
El objetivo es poder ir a la raíz y actuar antes de llegar al momento del desalojo, es decir, antes de que la justicia envíe la orden de lanzamiento para echar a los habitantes de un inmueble. Por eso se potenciará la mediación. Este fue uno de los puntos pactados con la CUP a cambio de la investidura de Aragonès. De hecho, el primer día después de su proclamación, el nuevo presidente tuvo que afrontar el primer incendio con los anticapitalistas, a raíz de un desalojo en el barrio del Poble-sec, en Barcelona, que contó con la participación activa de la brigada móvil de los Mossos d'Esquadra. Diputados de la CUP intentaron parar el desahucio.
Aquel día, Aragonès justificó la presencia de la Brimo con la orden judicial, que decía específicamente que se tenía que enviar este dispositivo. Actuaban, dijo, como policía judicial. Los cupaires instaron al presidente a plantar cara a la justicia cuando se volviera a encontrar en una situación de estas características. Si hacía falta, dijeron, desobedeciendo.