El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este jueves que si la normativa catalana en materia lingüística "es inconstitucional ya lo decidirá el Tribunal Constitucional, y no el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)". En una visita a la escuela Ramon Llull de Rubí (Vallès Occidental), Pere Aragonès se ha referido a las sentencias emitidas este martes pasado por el TSJC ordenando impartir el 25% de materias en lengua castellana de manera definitiva y considerando inconstitucional la actual normativa de inmersión lingüística catalana.
Según critica el presidente, en estas sentencias el TSJC "se extralimita claramente en sus funciones" porque "quiere hacer de TC, de Parlament y de Govern". Por eso, Aragonès ha pedido al TSJC "que hagan de jueces" y que "apliquen las leyes" porque, ha añadido, en Catalunya "hemos aprobado una ley" en materia de lenguas "que hay que aplicar". El modelo educativo de Catalunya se ha desarrollado "a partir de criterios pedagógicos y no políticos o ideológicos" y de la misma manera que "los maestros no hacen de jueces, estos no tienen que hacer de maestros", ha sentenciado el presidente.
Sostiene que en Catalunya no pasará como en el País Valencià
Ante la intención del gobierno del País Valencià de eliminar al valenciano como materia obligatoria a la educación, Pere Aragonès ha dicho que "las lenguas y las culturas no son una molestia, sino una oportunidad". La Generalitat catalana mantendrá la política lingüística porque, ha destacado, "tenemos consenso de la comunidad educativa, está basada en fundamentos pedagógicos y hay una mayoría amplísima del Parlament y muy transversal de la sociedad catalana que la apoya". Pere Aragonès ha añadido que, ante los "ataques y actuaciones contra el catalán en otros puntos del dominio lingüístico" catalán, "nosotros reforzaremos siempre la escuela en catalán porque ayuda al ascensor social, contribuye a la cohesión y sobre todo da a los alumnos todas las herramientas para aprovechar al máximo las oportunidades del sistema educativo y para poder desarrollarse como ciudadanos libres".
Decreto para blindar el catalán en la escuela
El departamento de Educación de la Generalitat, ahora encabezado por la consellera Anna Simó, ha aprobado esta semana un nuevo decreto para tratar de blindar el catalán en la escuela ante las sentencias del Tribunal Supremo y el TSJC contra la inmersión lingüística y la resolución pendiente del Tribunal Constitucional sobre las actuales leyes catalanas contrarias a los porcentajes de castellano en las aulas. Este marco legal concreta medidas como el requisito de que los nuevos docentes que se incorporen al sistema educativo catalán a partir del curso 2025-2026 tengan que tener el certificado de nivel superior C2 de catalán o la implementación de planos pilotos de acogida para los alumnos extranjeros para que estos pasen por un programa de lengua catalana intensivo.
Las sentencias del TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) insiste en que el modelo lingüístico establecido en la nueva normativa de Educación —el decreto ley 6/22 y la ley 8/22— "es inconstitucional por oposición al modelo de conjunción lingüística", en vigor en el Estado español, y por eso presentó, el verano pasado, un recurso al Tribunal Constitucional (TC), como los grupos parlamentarios del PP y C's. Su resolución da la razón a tres familias para que centros educativos catalanes apliquen más castellano: "Además de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de lengua castellana, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular que se considere como troncal o análoga". Es decir, el 25% de castellano que ordenó el TSJC a todo el sistema educativo catalán en 2020, y que en 2022 el Parlamento superó con una nueva normativa.
En consecuencia, el departamento de Educació anunció un recurso al Tribunal Supremo contra las tres resoluciones del TSJC que obligan a impartir el 25% de castellano a tres centros educativos más. La consellera de Educació, Anna Simó, calificó de "vergonzoso" que la Generalitat hubiera conocido el pronunciamiento del TSJC a través de la prensa y criticó que el organismo judicial "hubiera querido adelantarse a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de la inconstitucionalidad" en relación con los recursos presentados contra la ley del catalán en la escuela.