El vicepresidente del Gobierno y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, no ve "necesario" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, forme parte de la mesa de negociación entre gobiernos para resolver el conflicto político. "No es descartable, pero tampoco necesario. Tenemos que tener flexibilidad. Si una parte decide enviar un determinado rango, la otra parte tendrá que enviar el mismo rango. Es lógico en cualquier negociación", ha afirmado en una entrevista en Ràdio 4. Aun así, Aragonès ha añadido que Torra "tendrá el papel que él quiera tener" y que el Govern lo decidirá en caso de que la mesa de diálogo entre gobiernos se pueda constituir.
La consellera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, defendió ayer martes en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que Torra y el jefe del ejecutivo español en funciones, Pedro Sánchez, tienen que encabezar las conversaciones entre gobiernos. De hecho, añadió que no tendría ningún sentido que Torra no liderara el diálogo como presidente de la Generalitat. En cambio, según el vicepresidente, la presencia de Torra no es necesaria.
Por otra parte, Aragonès ha afirmado que tanto presos como exiliados "tendrán que dar su opinión" sobre esta eventual mesa de diálogo entre instituciones y que tendrán el rol "que facilite los acuerdos y las soluciones". "No vetaremos a nadie", ha asegurado.
Preguntado por si esta mesa de negociación entre gobiernos se tendría que reunir antes de la investidura de Pedro Sánchez, hoy Aragonés no ha querido mojarse, aunque ayer apuntó que el mecanismo se tiene que poner en marcha previamente a la investidura. El dirigente de ERC ha argumentado que los detalles se pondrán sobre la mesa en la reunión de mañana jueves con el PSOE.
Aragonès ha avisado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que ahora mismo la confianza "no existe" y, por lo tanto, que se tiene que ganar. El vicepresidente lo ha atribuido a los constantes cambios de posicionamiento del PSOE y ha puesto como ejemplo que hace un mes los socialistas defendían una reforma del Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de referèndums.