El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionado a través de Twitter por la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales del Institut Català de Finances aportados con el mecanismo del Fondo Complementario aprobado por el Govern. Aragonès sostiene que este órgano está "politizado y capturado por el Partido Popular" y que "continúa la venganza de la causa general, ahora intentando arruinar a las familias de los represaliados".
Paralelamente, en el tuit, el president Pere Aragonès ha indicado que "defenderemos la legalidad del aval y la profesionalidad de los servidores públicos afectados".
Giró: "Una decisión chapuceramente política"
Más allá del president de la Generalitat, también se ha pronunciado al respecto el conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, que ha anunciado que el ejecutivo catalán presentará un recurso ante el Tribunal de Cuentas contra la decisión de no aceptar los avales del Institut Català de Finances para cubrir las fianzas de 28 de los 34 ex altos cargos encausados por los gastos en acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y 2017.
Desde el punto de vista del conseller, se trata de una "decisión estricta y chapuceramente política" y ha señalado que ha sido adoptada "por un órgano político, formado por personas nombradas políticamente y que tienen el mandato caducado". Aunque el acuerdo para renovar el Tribunal de Cuentas entre el PSOE y el PP se ha producido este jueves, los cargos que siguen formando parte del órgano forman parte de los nombramientos de un mandato ya caducado.
Para Giró, el objetivo del Tribunal es "embargar directa y rápidamente a todos los encausados", lo que constata que es una decisión "política, de venganza". En este sentido, ha señalado que si este órgano "quisiera justicia, no venganza, habría dado un plazo de unas semanas para poder poner el aval". El president Artur Mas ha denunciado en su comparecencia que tienen menos de 48 horas para dar una garantía que cubra las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.
También se ha pronunciado sobre la cuestión la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, que ha tuiteado: "Desde el Departament d'Acció Exterior trabajamos para proteger a nuestros trabajadores ante cualquier tipo de agresión, también del Tribunal de Cuentas, y seguiremos haciéndolo. Este Govern no dejará solos a los ciudadanos que sirven al país en el legítimo ejercicio de nuestras competencias".
En marcha el proceso de embargo
Una vez han comunicado que la decisión era rechazar los avales del ICF, el Tribunal de Cuentas ha anunciado que "al haber vencido en exceso el plazo otorgado para depositar o fiar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales".
Uno de los argumentos esgrimidos por la delegada instructora del caso, Esperanza García, es que "ni la legislación ni el mismo decreto del Govern sobre el Fondo Complementario pueden amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave".
Imagen principal: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en su comparecencia para anunciar el fin de las restricciones covid en Catalunya. ACN.