El último tramo de la legislatura amenaza con hacérsele muy largo al president en funciones -a partir de este martes-, Pere Aragonès. Después de ver descarrilar los presupuestos por el rechazo de los comunes al proyecto Hard Rock, Aragonès ha firmado este lunes el decreto de disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 12 de mayo. Lo que no se esperaba era hacerlo en medio de la crisis que ha estallado en las prisiones a raíz de la muerte el miércoles de la responsable de la cocina del centro penitenciario de Mas d'Enrich a manos de uno de los internos.
A pesar de que la mujer, de 48 años, informó de que aquel preso se había visto implicado en un altercado, la dirección del centro permitió que volviera a la cocina. Las protestas de los funcionarios, que en un primer momento se concentraron ante la conselleria de Justicia, se trasladaron el viernes a las puertas de los centros penitenciarios. Los trabajadores reclamaban la dimisión de la consellera, Gemma Ubasart, y del responsables de Medidas Penales, Amand Calderó, así como incrementar las medidas de seguridad en las prisiones. Este lunes decenas de funcionarios bloqueaban de nuevo los accesos a los centros penitenciarios de todo el país impidiendo el normal funcionamiento. La consellera ha admitido que la situación es "muy grave" tanto para los trabajadores como para los internos, "peor que durante la pandemia", y que se están vulnerando derechos fundamentales. Las acciones de bloqueo han obligado a suspender medio centenar de juicios dado que ha impedido a algunos internos acudir a los tribunales.
Gabinete de crisis
Las protestas han obligado a convocar este lunes un gabinete de crisis encabezado por la vicepresidenta, Laura Vilagrà, con la consellera de Justicia, y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para "monitorizar" la situación. El conflicto está también provocando la reacción entre los partidos de la oposición. El PSC, que ha pedido la comparecencia de Ubasart, advertía este lunes que habrá que responder a cuestiones como el hecho de que un preso hubiera tenido acceso a un cuchillo.
De momento, el Govern ha respondido al conflicto incrementando la presencia de los Mossos a las puertas de las prisiones para evitar el bloqueo. El ejecutivo ha planteado un llamamiento al diálogo a los funcionarios, pero ha rechazado aceptar las peticiones de dimisiones.
Sequía
La crisis de las prisiones ha estallado en el mismo momento en que Aragonès ha puesto en marcha la cuenta atrás para las elecciones del 12 de mayo, y se añade además a la grave sequía que mantiene a los agricultores en pie de guerra y amenaza con nuevas restricciones este verano. Precisamente una de las razones que habría llevado al president a apostar por el adelanto electoral es esquivar el desgaste que provocará el inevitable endurecimiento de las restricciones, que este verano afectarán no solo al campo, sino también a otros sectores clave, como el turístico, aparte de generar previsible malestar entre la población. Todo ello se suma, además, a otras reivindicaciones de los campesinos, que se han extendido por toda Europa, y que el 7 de febrero dieron pie a una reunión del sector con el president, tras la tractorada que protagonizaron por las carreteras catalanas.
Por otro lado, la precipitación de la convocatoria electoral impedirá al Govern poder desplegar su propuesta para la negociación de una nueva financiación, que tenía que ser la medida estrella del último tramo de la legislatura -cuando la previsión era agotarla, tal como se había comprometido Aragonès-. Con todo, la consellera de Economía, Natàlia Mas, presentará la propuesta este martes -ya en funciones-. Pero la fórmula que exponga quedará condenada a descansar en el mismo cajón donde el Govern ha guardado el Acuerdo de Claridad que el president encargó a un grupo de expertos, a pesar de ser ser rechazado por el Parlament, y que finalmente ni siquiera aparece citado en los acuerdos que cerró ERC con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Simó pacifica Educació
En cambio, el Govern sí ha conseguido los últimos meses pacificar el sector de Educació, que desde el comienzo de la legislatura se había situado como uno de los principales focos de conflicto del ejecutivo, a raíz de la gestión del conseller Josep Gonzàlez-Cambray, que adoptó medidas como el cambio del calendario escolar sin acordarlo con el sector. Finalmente. Después de meses con los enseñantes en pie de guerra, el president tuvo que sustituir a Gonzàlez-Cambray el pasado mes de junio y situó en su lugar a la experimentada Anna Simó. Eso no ha impedido que, como rastro de los últimos años de gestión, el ejecutivo de Pere Aragonès exhiba en su balance los peores resultados obtenidos por Catalunya en el informe PISA o el hecho de quedar a la cola en comprensión lectora en 4º de primaria.
Cambray fue destituido aprovechando el relevo de Teresa Jordà en Agricultura -que dio el salto de nuevo a las listas d'ERC al Congreso en las elecciones generales del 23-J- y el cambio de Juli Fernàndez en Política Territorial, después que tuvo que asumir en sus ocho meses como conseller la Ronda Nord, contra la cual se había manifestado como alcalde, después que el PSC lo impuso en los presupuestos del año pasado.
Oposiciones
El Govern de Aragonès, que ha tenido que convivir con los incumplimiento del ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que respecta a las reuniones de la mesa de diálogo, que solo se acabó convocando tres veces en cuatro años, tropezó también el pasado mes de mayo con el fiasco de la convocatoria de oposiciones para estabilizar plazas de más de 13.000 funcionarios. El descalabro en aquel concurso, en manos de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, obligó a repetir los exámenes y a compensar a los funcionarios que se presentaron. También a Vilagrà le tocó gestionar los polémicos Juegos de Invierno, que se acabaron fundiendo a raíz de la tensión con el gobierno aragonés del socialista Javier Lambán.