El Juzgado de Instrucción número 6 de Vic ha archivado la denuncia que presentó la fiscalía contra el concejal de Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de Vic Albert Castells por haber denegado al PP instalar una carpa informativa en la Plaza Major. El caso se remonta a enero del 2022, cuando el PP informó de que Castells le había denegado la petición en medio de la polémica por la sentencia del 25% de castellano en las escuelas del país. Entonces la fiscalía abrió una investigación a instancias del PP de la ciudad y el concejal tuvo que declarar en calidad de investigado el pasado mes de octubre. Ahora, el juez ha decidido archivar el caso porque no cree que hubiera discriminación por motivos ideológicos. También descarta que hubiera prevaricación.

En su escrito, el juez admite que habría sido "deseable" tener un informe policial que desaconsejara la instalación de la carpa por motivos de seguridad, pero subraya que, no para que no se tuviera, se incurre en un delito de prevaricación. Además, considera que la decisión del concejal estaba justificada por la existencia de una ordenanza. La fiscalía abrió una investigación a instancias del presidente del PP en la ciudad, Pau Ferran, para dirimir si había habido una vulneración del derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión. Se da el caso de que Castells es el candidato de Junts a la alcaldía de Vic y tomará el relevo de la actual alcaldesa Anna Erra.

Una carpa contra "la moral y el orden público"

Los hechos pasaron el 28 de diciembre de 2021 cuando el PP solicitó al Ayuntamiento una autorización para ocupar la vía pública a través de la instalación de una parada informativa en la Plaza Major para el sábado 22 de enero. Unos días más tarde el consistorio emitió una resolución en que denegaba este permiso amparándose en un artículo de la ordenanza municipal de buen gobierno, civismo, buenas costumbres y convivencia ciudadana. En concreto, esta ordenanza señala que no se autorizará ninguna licencia para actividades que vayan en contra "de la moral, las buenas costumbres ciudadanas, o el orden público".

El PP consideró que esta decisión podía concurrir en un delito de prevaricación administrativa y, por eso, denunció el caso delante de la Fiscalía. También consideraban que los hechos pudieran constituir una "vulneración del principio de pluralismo político" y del derecho a la participación política. En este sentido, en un comunicado, tildaron la decisión del Ayuntamiento de arbitraria. Precisamente a raíz de este alboroto los populares anunciaron que a pesar de no poder instalar la carpa visitarían la ciudad, y su líder, Alejandro Fernández, comparó la decisión con la época franquista: "Tanto hablar de franquismo, que se les ha enganchado. Pues carpa no pondremos, pero el sábado a Vic iremos", indicó en una publicación en Twitter.