La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado definitivamente la denuncia por coacciones que la CUP presentó a raíz del asedio que la policía española hizo en la sede del partido el 20 de septiembre del 2017 con motivo de los preparativos del referéndum del 1-O.
La Audiencia Provincial aceptó a trámite el recurso que la formación anticapitalista presentó después de que una magistrada del juzgado de instrucción número 9 la archivara alegando que la policía española había actuado siguiendo órdenes de la Fiscalía.
La Audiencia Provincial ordenó una investigación, donde fueron citados a declarar testigos de la CUP, un abogado presente aquel día y dos comisarios del cuerpo policial, como investigados. Tres años más tarde, la Audiencia Provincial ha decidido archivar definitivamente el caso, asumiendo así que la actuación policial fue justificada.
Las conclusiones de la CUP
Ante el archivo, la CUP se ha reafirmado en que la operación policial tanto en su sede como en la Conselleria d'Economia i Finances "supuso una clara vulneración de los derechos civiles y políticos, a través de detenciones, registros y cercos policiales con la finalidad de ejercer la represión y evitar la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya".
Los anticapitalistas también denuncian que el archivo de la causa "sin la celebración de un juicio constituye una muestra más de que el aparato represivo del estado español conformado por todos sus actores policiales y judiciales se encuentra plenamente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación".
Por último, el partido recuerda que aquel día "también supuso una victoria para la gente que puso el cuerpo y la inteligencia colectiva, y que se vio fuerte y capaz de llevar a cabo el ejercicio del derecho a la autodeterminación haciendo frente a la altísima represión policial".