Archivada. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha archivado la querella por injurias que presentó Junts contra tres expertas en igualdad -una abogada, una trabajadora social, y un psicólogo- por haber emitido un informe por encargo del Parlament en el cual se afirmaba que había "comportamientos machistas" en el grupo parlamentario. En el informe, los profesionales indicaban que "no había indicios de acoso en razón de sexo", a raíz de la denuncia contra el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, por parte de la exdiputada Cristina Casol. En la resolución, adelantada por elDiario y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes, el magistrado Santiago García afirma que las expertas hicieron su trabajo, sin sesgo político, y situando el contexto de machismo en el conjunto de la sociedad.
"La comisión formada por los investigados elabora un informe que todo indica que trata de ser preciso, no se observan indicios de valoración con intencionalidad ofensiva o de menosprecio, ni siquiera tiene trazas de influencia política, que, por cierto, quedaría fuera de las barreras de protección del Derecho Penal", manifiesta el magistrado. Y añade: Si el informe puede acusar de machista a una determinada agrupación política, bien se cuida de señalar sus límites, que la situación no sería más que un reflejo del sustrato social que tiene que mejorar, y que en el caso concreto denunciado no se ha detectado indicadores de acoso de discriminación en razón de género o sexos." El informe de las expertas era el primero que encargaba la comisión del Parlament con el protocolo antiacoso de la cámara catalana.
Exentos de responsabilidad
Además, el magistrado de Barcelona concluye que en un tema "tan valorativo como es la cuestión de género", que -matiza- no es el caso de los tres investigados- las expertas actúan "no solo con apariencia de ejercer su derecho a la libertad de acción y de expresión" en el trabajo encargado, sino que "sobre todo estarían exentos de toda clase de responsabilidad penal por la concurrencia del eximente de ejercicio de un deber profesional", en el caso de que se pueda estimar objetivamente ofensivos unos contenidos.
Las expertas, en la declaración en el juzgado, el abril pasado, negaron haber injuriado a Junts y denunciaron haber recibido presiones y pararon el segundo informe encargado por el Parlament a raíz de una segunda denuncia. Era el caso de Aurora Madaula, que finalmente llegó un acuerdo con Junts para evitar la judicialización del caso.