La persecución judicial a Josep Lluís Alay durante los últimos siete años se ha acabado. La nueva titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha acordado el archivo de la última causa penal que había contra él: investigado por un delito de revelación de información reservada por haber pedido a dos agentes de los Mossos d'Esquadra si estaba en el Sistema de Identificación Policial con una orden para detenerlo, el julio de 2020. La magistrada Alejandra Gil ha decretado el sobreseimiento libre de la investigación contra Alay y los dos agentes de la policía catalana porque la Fiscalía, la única acusación que había, ha pedido el archivo de la investigación, según el auto del 9 de marzo, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes. Alay ha sido perseguido desde que en julio de 2018 fue nombrado jefe de la Oficina del president Carles Puigdemont, e imputado en cinco procedimientos contra el independentismo catalán, finalmente cerrados. Los abogados de Alay, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han luchado por su inocencia y profesionalidad en todos los casos en que ha sido investigado.
En concreto, al historiador le han imputado el delito de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic el 2019, y de desvío de fondos públicos en el caso Volhov, el 2020. Las dos investigaciones han sido archivadas, cuatro años después, por errores judiciales de los magistrados, ahora jubilados, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, respectivamente; y sin que se demostraran indicios delictivos. También fue incluido en la pieza de la injerencia rusa, con el delito de traición, que el Tribunal Supremo ha dado carpetazo de mala gana y obligado por la contundente resolución de la Audiencia de Barcelona, que el magistrado Aguirre cometió "fraude de ley" al reabrir esta investigación sin respetar las órdenes que le dio.
Dos veces detenido
En este tiempo, Alay ha sido detenido dos veces. La Brigada de Información de la policía española lo detuvo por primera el 28 de marzo de 2018 en Barcelona, cuando fue acusado de encubrimiento por haber acompañado al president Puigdemont, que fue detenido en Alemania cuando volvía a Bruselas. Alay nunca fue acusado por estos hechos. Los dos agentes de los Mossos que acompañaban al president, sí, y fueron juzgados y al final absueltos por la Audiencia Nacional.
El 28 de octubre de 2020, Alay volvió a ser detenido, junto con otras veinte personas, por la Guardia Civil, en el marco de la operación Volhov, de supuesta financiación ilegal de Waterloo con bitcoines, que derivó en un supuesto apoyo ruso al independentismo catalán. El juez Aguirre sostenía que Alay tomó el relevo de Víctor Terradellas, excargo de Convergència, en sus supuestos contactos con dirigentes enviados por Vladímir Putin. Fabuló y en la investigación penal se incluyó la traducción que Alay hizo sobre un libro de famosos espías rusos y se malinterpretó su tarea investigadora con tres viajes a Moscú, que certificó ante notario.
Amnistiado y espiado
Paralelamente, el julio pasado la Audiencia de Barcelona acordó aplicar la ley de amnistía a Josep Lluís Alay en la causa abierta contra él por el viaje a Nueva Caledonia, en nombre del president Puigdemont. El tribunal consideró que no ha habido beneficio personal de carácter patrimonial en la acusación de malversación sobre el gasto del viaje, que pagó por la Generalitat. La Fiscalía pedía para él tres años de prisión y 17 de inhabilitación. Ahora, finalmente, el último caso contra Alay y dos agentes de los Mossos se ha cerrado definitivamente.
Además, recientemente se ha confirmado que Josep Lluís Alay tuvo su iPhone 8 infectado con el software Pegasus al menos desde octubre de 2019. Así lo determinó un informe de los Mossos d'Esquadra, aportado al juzgado de instrucción 4 de Barcelona, que investiga la querella presentada por el historiador, y que ya reveló la investigación Catalan Gate, de Citizen Lab, en el 2022. Es decir, Alay fue espiado cuando era director de la oficina del president Carles Puigdemont, y con Pedro Sánchez, de presidente del Gobierno, como la mayoría de destacados dirigentes independentistas y representantes de entidades catalanas.