Carpetazo judicial a la única causa judicial abierta que investigaba las torturas policiales durante el franquismo que había declarado ante una jueza en España. Finalmente, la causa ha quedado archivada por prescripción de los hechos, según ha informado el centro a Iridia. El juzgado número 50 de Madrid ha cerrado el caso que analizaba si el militante antifranquista, Julio Pacheco, fue torturado durante su arresto en los bajos de la Puerta del Sol, entre otros, por el excomisario José Manuel Villarejo. La jueza considera que los hechos han prescrito, basándose en las resoluciones del Tribunal Constitucional que cerraron la puerta en investigar los delitos cometidos, presuntamente, durante la dictadura. Después de 6 años de lucha en los juzgados españoles y más de 100 querellas criminales presentadas denunciando crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, la de Pacheco fue la única en la cual después de ser admitida a trámite, se citó a los querellados en calidad de investigados y declararon ante la jueza.
Rechazo al archivo del caso
Julio Pacheco fue la primera víctima de la violencia franquista que pudo declarar como perjudicado en un juzgado en septiembre del 2023. A la salida de los juzgados de la plaza Castilla de Madrid celebró que "se empieza a romper el muro de silencio e impunidad". Durante su declaración relató que "llamaron en la puerta y me encontré una pistola en la cara". Todas las causas que se han presentado ante el juez por esta razón se han acabado archivando por la prescripción de los hechos. La única abierta hasta ahora, también se ha decidido guardar en el cajón. Entre los argumentos de la jueza hace referencia al auto del Tribunal Constitucional en el caso de Francisco Ventura, represaliado por la dictadura en Valencia. Hace meses, que el tribunal de garantías certificó que la nueva ley de memoria democrática no es suficiente para abrir la puerta a investigar este tipo de hechos que ya habían prescrito, y teniendo en cuenta que algunos de los delitos denunciados no se incluían en el Código Penal español de aquel momento. Considera que el articulado de la ley es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas.
Desde CEAQUA, Amnistía Internacional, Iridia y Sira, muestran su completo rechazo y disconformidad con el contenido del auto, que según denuncian "consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de derecho y socava e infringe, una vez más, los derechos más elementales que asisten a aquellas personas que sufrieron crímenes franquistas".
‼️ Archivada la querella de Julio Pacheco, víctima de torturas en 1975. Es la única querella por torturas del franquismo en la que se llegó a declarar.
— IRÍDIA (@centre_IRIDIA) September 10, 2024
Con @Ce_AQUA @amnistiaespana @sira_centro rechazamos el archivo y seguimos luchando contra la impunidad #JusticiaEsMemoria
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Torturas de la Via Laietana
En Catalunya, se han presentado varias querellas por torturas policiales durante el franquismo en la Jefatura de la Via Laietana. El sindicalista y militante del PSUC, Carles Vallejo, presentó la primera querella por haber sido torturado por agentes de la Brigada Politicosocial los años 1970 y 1971. La magistrada afirmó que los hechos están "prescritos y amnistiados". Finalmente, la jueza no admitió a trámite la causa.
Un año más tarde, se presentó la segunda querella por torturas en la Via Laietana durante el franquismo por los hermanos gemelos Pepus y Maribel Ferrándiz contra cuatro agentes de la policía española. Los gemelos Ferrándiz fueron detenidos y llevados a la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, que las entidades memorialistas definen como "símbolo de la topografía del terror de Barcelona durante el franquismo y los años posterior" el año 1971. Tenían 17 años y los detuvieron porque militaban a la Joven Guardia Roja (el referente juvenil del Partido del Trabajo de España). Ambos estuvieron detenidos en la Jefatura durante 32 días por el estado de excepción: "Fueron agredidos física y psicológicamente en los numerosos interrogatorios a los cuales los sometieron agentes de la Brigada Politicosocial", recoge la querella, que firma la abogada Laura Medina.