Después de seis años de investigación, el caso Diputación se desinfla. La magistrada que ahora dirige el juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha acordado el sobreseimiento de dos piezas, en las que el principal investigado era el entonces presidente de la Diputació, el convergente Salvador Esteve. La investigación se centraba en aclarar si desde el ente supramunicipal se habían concedido subvenciones para proyectos en el Tercer Mundo a entidades próximas a Convergència. Las piezas, ahora archivadas, son Voltia y la del Grupo Igfa y Mancomunidad Costa Rica, y con esta medida Esteve queda libre de este caso. El año pasado el juez titular, Joaquín Aguirre, ya acordó archivar la causa por las ayudas en las piezas de Plataforma Educativa y Utopía, Ecosde, y Strategic y Kosector. Por ahora, se mantiene abierta la de Catmon.
En la resolución, fechada el 31 de enero pasado, la magistrada María Carmen Suárez acuerda cerrar la investigación de las subvenciones concedidas a Voltia y al Grupo Igfa al asegurar que "de las declaraciones efectuadas se ha puesto de relieve la inexistencia de presiones para informar a favor de la adjudicación de los contratos públicos controvertidos", hecho —añade— que "viene a excluir la existencia de irregularidades en su concesión" y, por lo tanto, decreta su archivo. La Diputació de Barcelona, que está personada como acusación particular, y el ministerio fiscal no se han opuesto al cierre de estas dos piezas.
Detenciones
La operación del caso Diputación se produjo con gran ruido y policías el 2018, con la detención de Esteve y de otras personas encausadas. Llegó a haber unas 40 personas investigadas por una posible malversación de un millón de euros en ayudas. Precisamente, Esteve declaró hace unas semanas en el juzgado y aseguró que durante su mandato "nunca" tuvo interés en conceder subvenciones a entidades concretas, según fuentes judiciales. Esteve, que fue presidente de la Diputació de Barcelona entre los años 2011 y 2015 y alcalde de Martorell por CiU, explicó a la magistrada del juzgado de instrucción 1 de Barcelona que las subvenciones del ente municipalista antes de adjudicarse siempre pasaban por la intervención y la secretaría de cada departamento. También aseguró que durante su presidencia "nunca" se dieron subvenciones con informes desfavorables de estas áreas.
En la pieza del Grupo Igfa, había once personas investigadas, entre funcionarios, cargos públicos y empresarios. Jordi Castells Masanés, exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, era uno de ellos y es considerado el principal sospechoso de estas supuestas irregularidades que ahora se difuminan. El pago de la mayoría de las subvenciones se detuvo cuando se destapó el caso.
Las supuestas irregularidades son investigadas por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que empezó los interrogatorios en mayo del 2021, tres años después de las detenciones, ya que algunos de los acusados se derivaron a la causa del caso Volhov, que investiga la financiación del movimiento independentista catalán.