Capertada definitiva a la pieza 5, conocida por Villa Bugatti, del caso Volhov. Una magistrada ha acordado el archivo de la investigación que inició el magistrado Joaquín Aguirre contra el exconseller de ERC Xavier Vendrell por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por la operación de trasladar la escuela de educación especial El Brot de Sant Joan Despí a los terrenos que ocupa la zona de restauración de Villa Bugatti, en Cabrera de Mar. La operación del caso Volhov, con detenciones el año 2020, implicó también la imputación del entonces alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts) y del concejal de Urbanismo, Enric Mir (ERC) por el cambio de planeamiento que pedía Vendrell, así como de responsables del Departament de Educación por la subvención recibida por El Brot.
A finales de noviembre, el fiscal Anticorrupción Ricardo Sanz Gadea pidió el archivo de la causa al no ver ninguna irregularidad, que ahora valida la magistrada del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, ya que su titular continúa de baja. "No se ha justificado debidamente la perpetración de ningún delito", afirma la magistrada en la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves, y decreta el sobreseimiento provisional. En esta pieza, no hay ninguna acusación más que pueda torpedear el archivo dictado por la juez. El magistrado Aguirre ya se vio obligado a archivar la pieza del ICAM contra Vendrell, el marzo pasado.
Una acción "más garantista"
En la resolución, la magistrada afirma que las subvenciones que recibió la Fundación El Brot son correctas. También la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Cabrera de Mar. Precisa que el consistorio impulsó una modificación puntual del Plan de ordenación urbano municipal, que "no solo era idónea, sino que incluso era más garantista" que la modificación del plan parcial que hacía falta hacer. El exalcalde de Cabrera de Mar, defendido por Jordi Pina, hace meses que pidió el archivo de la causa por que se habían desmontado todos los indicios delictivos apuntados por la Guardia Civil.
Además, la magistrada restituye el buen nombre del exregidor Enric Mir, defendido por el penalista Mariano Bergés, y sostiene que los 38.000 euros que le encontraron en dependencias municipales "no hay indicios de su procedencia lítica". Desde un principio, Mir -a quien ERC hizo dimitir por la imputación- aseguró que el dinero eran de una compraventa familiar.
La injerencia rusa, en el Supremo
El exconseller Vendrell, defendido por el abogado Jos Prado, continúa siendo incriminado por la Guardia Civil en la causa central del caso Volhov, renombrada como la injerencia rusa al independentismo catalán, que el magistrado elevó al Tribunal Supremo. Sostiene que los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont son los líderes de un grupo con 14 investigados más para conseguir la independencia del país, como el abogado de Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye; el director de la oficina del president, Josep Lluís Alay; el exdirigente convergente Víctor Terradellas, y el diputado de Junts, Francesc de Dalmases.
Vendrell pidió la amnistía y el juez se la denegó en la pieza del caso Volhov. La Audiencia de Barcelona tiene que resolver ahora el recurso de los investigados contra la no aplicación de la amnistía, así como contra la nueva pieza creada de la trama rusa, porque el juez no podía investigar más, aseguran. En este sentido, el fiscal Anticorrupción también ha pedido, recientemente, el archivo de la pieza 2 del caso Volhov porque toda la información que recoge fue trasladada a la nueva pieza de la injerencia rusa, a pesar de que la Audiencia de Barcelona le ordenó que parara toda investigación hasta agosto de 2023 y, por lo tanto, no podría haber ampliado los imputados como hizo con Mas, Puigdemont y el periodista Carles Porta, entre otros
Por su parte, el Supremo mantiene su silencio sobre si admite a trámite o no el caso de la injerencia rusa. Recibió la exposición razonada del magistrado Aguirre el julio pasado.