Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona desde 1999. En 2019 dio un salto para convertirse en letrada del Tribunal Constitucional, donde estuvo en el equipo de María Luisa Balaguer, una de las voces críticas con algunas de las resoluciones del Tribunal de Garantías sobre el independentismo. La trayectoria de Queralt experimentó otro giro profesional y vital enorme el pasado mes de junio cuando el PSOE propuso su nombre como vocal del Consejo General del Poder Judicial en el acuerdo que firmó con el PP para renovar al órgano de gobierno de los jueces. Ahora vive con un pie en Madrid y uno en Barcelona y se cita con ElNacional.cat en una cafetería próxima a la Plaza de Cibeles. Llega directamente desde el CGPJ, donde ha tenido una mañana de trabajo frenética. En una conversación de una hora, subraya la importancia de “convencer a la judicatura” de que dirigirse a la Justicia en catalán es un derecho y esgrime que es fundamental que la ciudadanía perciba que la Justicia “no toma partido por ninguna opción política”. Muy crítica con el referéndum del 1 de octubre, que considera que fue un “error” y un “fracaso para todo el mundo”, está convencida que la ley de amnistía tiene “encaje constitucional” y no vulnera ni la separación de poderes ni el principio de igualdad. Y reconoce que, durante la tramitación de la ley, hubo “excesos por parte de algunos jueces”, que jugaron un “papel demasiado protagonista” en un momento que tocaba “respetar la tarea del legislador”.
Después de más de 5 años y medio con el mandato caducado, el PP y el PSOE acordaron en junio la renovación de los veinte vocales del CGPJ. ¿A partir de ahora, cómo se puede recuperar el prestigio del Poder Judicial y del CGPJ?
Hay que ponerse a trabajar y que la ciudadanía y la judicatura sientan que el CGPJ vuelve a ser un órgano eficaz y ayuda a que los jueces hagan mejor a su trabajo. Ahora la sensación es que el órgano de gobierno de los jueces vuelve a funcionar. No se tiene que ser naif en este sentido: no se trata de despolitizar el CGPJ, sino de despartidizarlo. Se ha entrado mucho en la dinámica de bipartidismo, de reparto de cromos entre los partidos, y eso lo percibe tanto la ciudadanía como la judicatura.
La elección de la nueva presidenta puso de manifiesto el peligro de un bloqueo permanente en el CGPJ. ¿Cómo se puede evitar que se perpetúe?
Kamala Harris dice que hay seguramente muchas más cosas que nos unen que no que nos separan. Todos los vocales tenemos que hacer el esfuerzo por intentar encontrar estos puntos en común. Me gustó mucho que, antes de escoger a la presidenta, todo el mundo quería que el Consejo empezara a funcionar y no había una voluntad de bloquear por ninguna de las dos partes. Habrá cuestiones que costarán más que otras, porque evidentemente hay dos sensibilidades [la progresista y la conservadora]. Ahora bien, hay muchos intereses, preocupaciones y sensibilidades transversales que cruzan, sin ningún problema, esta división ideológica inicial. Y esto puede permitir que se encuentren consensos.
En anteriores renovaciones del CGPJ, acostumbraba a haber uno o dos vocales propuestos por el PNV o por CiU. ¿Qué le parece que ahora haya habido un reparto exclusivo entre el PP y el PSOE?
Yo, como ciudadana, habría preferido, sin duda, que hubiera habido una mayor representatividad de todo el arco parlamentario porque al final somos veinte personas escogidas por las Cortes Generales. Pero yo creo que entre unos y otros, más de unos que de otros, intentaremos que estén presentes temas como una mayor descentralización, una mayor presencia del CGPJ en los territorios y mantener una relación fluida con las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia para saber cuáles son las necesidades de los juzgados de las comunidades autónomas. Esta comunicación no sustituirá el hecho de que no haya determinadas sensibilidades partidistas, pero sí que hay personas con una apertura de miras lo bastante ancha.
“Se tiene que convencer a la judicatura de que dirigirse a la Justicia en tu idioma es un derecho de las personas”
¿Qué puede hacer el CGPJ para el catalán en la justicia, que tiene un uso residual, y para intentar que tenga más presencia el uso de las lenguas cooficiales?
Se tiene que convencer a la judicatura de que dirigirse a la Justicia en tu idioma es un derecho de las personas. Los jueces están ejerciendo un poder público al servicio de la ciudadanía y, por lo tanto, se tiene que reforzar esta vertiente de derecho subjetivo de las personas y poner todos los medios para que eso sea así. Se tiene que favorecer que las personas que ocupan una plaza en un tribunal puedan aprender, si quieren, la lengua cooficial que sea, pero que el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Justicia en el idioma que prefiera se garantice siempre y no sea un problema. Quizás no es tan importante que una jueza escriba una sentencia en catalán, sino que su comunicación en el juicio oral, en el cara a cara, sí que se pueda comunicar con aquella persona en catalán. Quizás no hacen falta ni títulos, ni certificados, sino que haya esta comunicación entre las partes. Y, sobre todo, reconocer el derecho de la ciudadanía a comunicarse en la lengua que escoja.
¿Qué le parece el perfil de Isabel Perelló para encabezar la nueva etapa del CGPJ?
Nosotros estamos muy contentos porque queríamos a una mujer para que haya una sintonía entre lo que es la realidad y el Poder Judicial. Con eso lo que hemos hecho es normalizar la situación que hay en la calle. Eso es solo un pasito muy importante y una cuestión de visibilidad. Y que las juezas que ahora empiezan vean que está el camino abierto para poder llegar hasta encima de todo porque no hay ninguna justificación objetiva que impida que las mujeres puedan llegar allí donde quieran dentro de carrera de judicial.
“Tenemos que garantizar que la ciudadanía perciba que la Justicia no toma partido por ninguna opción política”
En su discurso en la Apertura del Año Judicial, Perelló dijo que “ningún poder del Estado puede dar instrucciones” sobre cómo aplicar la amnistía e hizo un llamamiento a “evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad” de la Justicia. ¿Comparte sus palabras?
Le dije que creía que había habido muchos excesos por parte de algunos jueces y magistrados en la fase de la elaboración de la amnistía. Es decir, que habían jugado un papel demasiado protagonista en un momento en que no les tocaba ser nada protagonistas. La ley de amnistía gustará más o menos, pero se tenía que respetar la tarea del legislador y esperar que se hiciera la ley. Y la manera de los jueces de expresarse son las sentencias, no las manifestaciones, ni las reuniones para reivindicar aspectos políticos. Hubo excesos por parte de determinados jueces. Además, saliendo con la toga puesta... Y eso, de cara a la ciudadanía, genera mucha confusión. Claramente, aquí había intereses partidistas y fomentados por determinados sectores de la sociedad, que han sido poco cuidadosos con la independencia e imparcialidad de los jueces. Se les presume y tienen que actuar de manera que nadie pueda ponerla en duda.
¿Entiendo, por lo tanto, que no le pareció bien que el CGPJ aprobara una declaración institucional en noviembre, antes de conocer el texto de la amnistía, y que hiciera el informe a petición del Senado de la proposición de ley que no era preceptivo y que había promovido el PP?
El tema del informe es discutible. Pero yo creo que el CGPJ no está ni para hacer declaraciones, ni pronunciamientos, sino para adoptar acuerdos a través de los órganos y los procedimientos previstos por la ley dentro del marco de sus competencias.
“Las declaraciones que aprueba el CGPJ no son un instrumento para defender la independencia judicial”
De hecho, el 19 de agosto el sector progresista impidió que se aprobara una declaración contra Óscar Puente por haber criticado a Pablo Llarena.
Mi opinión personal era contraria al contenido del texto. Pero creo que institucionalmente era un error entrar en ello. Es un tema lo bastante complejo para seguir los preceptos legales. Nosotros tenemos que defender la independencia judicial para que los jueces puedan hacer su actuación correctamente y sin injerencias exteriores. Pero la otra cara de la moneda es que también tenemos que garantizar, como servicio público, que la ciudadanía perciba que la Justicia no toma partido por ninguna opción política. Jueces estrellas ha habido siempre, unos defendiendo unas causas, otros otras. Los políticos, a veces, seguramente, hablan más de lo que tendrían que hablar sobre determinados temas, un poco de cautela sería recomendable, de nuevo, de cara a la ciudadanía. Y decir «Yo aquí no entro porque eso no es mi terreno», sobre todo cuando hay procedimientos judiciales abiertos. Uno puede estar muy en contra de la actuación de un juez, pero, teniendo responsabilidades políticas públicas, se tiene que ser bastante cuidadoso en el ejercicio de la libertad de expresión. Y, por otra parte, hay mecanismos para poder atacar las decisiones de determinadas personas en el caso de considerar que son excesivas.
¿La tónica de este mandato será que no se aprobarán declaraciones con cierto contenido político, por ejemplo, sobre discursos de diputados en el Congreso?
Yo espero que sí. Creo que nosotros nos tenemos que limitar a nuestra tarea. Hombre, si hay ataques muy claros y objetivamente individualizados contra un juez, ya miraremos qué hacemos. Ahora bien, insisto que somos un órgano que nos pronunciamos a través de instrumentos jurídicos y, por lo tanto, creo que las declaraciones o las manifestaciones tienen que ser absolutamente excepcionales y no son un instrumento para defender la independencia judicial.
¿Por lo tanto, responder a críticas de políticos por parte del CGPJ, como pasó en el pasado mandato, puede romper la imagen de independencia judicial?
Desde mi punto de vista, sí. Tenemos un papel, pero tenemos que ser muy respetuosos y muy cautelosos y solo actuar en los casos en los que verdaderamente la independencia judicial se esté viendo claramente afectada. Y eso pasa en casos muy extremos.
¿Por ejemplo?
Ahora mismo no me acude ninguno. Unas declaraciones de un político nos pueden molestar o podemos pensar que están absolutamente fuera de lugar, pero es difícil que un juez se pueda sentir violentado con su independencia. Le puede molestar mucho, pero eso no quiere decir que ponga en peligro la independencia.
¿Entonces los partidos y los ministros tendrían que intentar limitar o rebajar un poco el tono?
Yo creo que hay ciertas manifestaciones y expresiones o ciertos lenguajes que no es necesario utilizar. Porque puedes utilizar otras palabras para expresar las mismas ideas y porque no siempre hay que decir cosas: el silencio y el hecho de mantenerse en una segunda línea es también una virtud que tendríamos que volver a cultivar. Con las redes, enseguida coges el teléfono y dices la tuya. Pero no es lo mismo que lo diga una persona que no tiene responsabilidades políticas que lo diga un ministro o un diputado o una senadora. Tenemos que ser todos responsables por una cuestión de respecto de las instituciones y de la separación de poderes.
¿Acusar de prevaricación el juez Pablo Llarena rompería esta contención que pide?
Yo creo que sí, porque puedes decir lo mismo, por ejemplo, que quizás el juez se está extralimitando. Si realmente crees que está prevaricando, eso es un delito y entonces hay los mecanismos jurídicos para abrir un procedimiento contra este magistrado. Por eso creo que se tiene que intentar limitar, no para decir que tenemos que restringir la libertad de expresión, sino por las formas y porque no nos tenemos que meter en todos los jardines porque lo único que hacemos es fomentar más crispación.
Justo ha dicho la palabra extralimitarse, que es lo que dijo el ministro Óscar Puente en agosto en relación con el juez Pablo Llarena. ¿Crees que ha habido jueces que se han extralimitado a la hora de interpretar la ley de amnistía?
Preferiría no tener que pronunciarme.
¿Y si un partido político o la Fiscalía presentara una querella por prevaricación contra un juez, consideraría que eso es atacar la independencia judicial?
Es utilizar los instrumentos que la ciudadanía o la Fiscalía tiene para poner de manifiesto lo que ellos consideran, según su criterio, que supone una ruptura del ordenamiento jurídico por parte del juez. Es utilizar los mecanismos que el mismo ordenamiento jurídico prevé para defenderte de una presunta prevaricación.
Por lo tanto, presentar una querella no supondría ningún ataque a la independencia judicial.
Seguramente, el juez considera que sí y puede haber sectores que crean que sí. Sin embargo, como está vehiculado a través del instrumento que el ordenamiento jurídico prevé, no hay nada a decir.
“No será fácil encontrar la relación entre la amnistía y el ámbito competencial de las comunidades autónomas”
¿Considera que ha habido jueces que han tomado decisiones con ciertas motivaciones políticas en el marco del procés independentista?
Yo creo que cada uno ha aplicado la ley como creía que la tenía que aplicar, con unos criterios que se pueden compartir o no, pero dentro de lo que es el marco legal y de interpretación. Existen los instrumentos para expresar un entendimiento de la ley de una determinada manera y que hay mecanismos también para poner de manifiesto que hay otros jueces que tienen otra visión.
¿Y en España ha habido casos de lawfare?
Lawfare es un concepto con un contenido poco definido en nuestro ordenamiento y del que puede hacerse un uso incorrecto. En algunos casos pueden haberse tomado decisiones judiciales cuestionables, pero para eso está, precisamente, el sistema de recursos. Lo que debe evitarse es que los diferentes poderes del Estado interfieran en las funciones de los demás.
Usted fue letrada durante muchos años en el TC, que ahora está estudiando la admisión a trámite de los recursos de las comunidades autónomas contra la ley de amnistía para analizar si tienen legitimidad para recurrir la ley. ¿Cree que una comunidad autónoma puede recurrir la amnistía?
Se prevé que una comunidad autónoma pueda impugnar una ley del Estado siempre que esté dentro de su ámbito de competencias. Y esto, con la jurisprudencia del Constitucional, se ha ido ampliando. Ahora bien, lo que no hay es una legitimación absoluta para poder impugnarlo todo. Yo soy partidaria de reconocer la legitimación de una manera generosa, pero, como es una cuestión compleja y delicada, el TC ha hecho bien en mirarlo bien y estudiar exactamente cuáles son las impugnaciones que se hacen. Hay que ser muy cuidadoso porque es una ley que marca un antes y un después política y jurídicamente. Si se mantiene este criterio que tiene que tener algún tipo de relación con el ámbito competencial, no será fácil encontrarlo, creo yo.
“El 1 de octubre fue un error y ha sido un fracaso para todo el mundo”
Se habla mucho de la vulneración del principio de igualdad.
Aquí no hay una desigualdad entre personas de diferentes comunidades que son tratadas de manera diferente ante el mismo hecho. Todas las personas pertenecen a la misma comunidad porque el hecho determinante es uno que se produjo en una comunidad. Y como derecho fundamental, la igualdad siempre es tratar de manera igual a las personas que se encuentran en la misma situación, pero cuando personas se encuentran en diferente situación, la Constitución, si hay una justificación razonable y objetiva, permite el trato diferente.
¿En el caso de la amnistía, cree que esta justificación razonable y objetiva está?
Como Argelia, ciudadana y jurista, creo que sí. Como catalana que ha vivido el pre-procés, el procés y el postprocés, creo que sí que marca un antes y un después y que es una salida. Yo, personalmente, me he tenido que tragar algunas cosas que no me acaban de gustar de la ley, pero creo que era necesario para normalizar la situación en Catalunya. Habíamos entrado en un bucle jurídico y de criminalización de las actuaciones que hacía imposible intentar construir redes, alianzas y cohesión social.
“La amnistía tiene encaje constitucional y no vulnera la separación de poderes”
¿Qué no le gusta de la amnistía?
No, aquí no entraré tan en detalle. Son cosas más bien personales, pero creo que se han hecho todos los esfuerzos para que fuera una ley bien hecha. Hay mucha gente que dice que es inconstitucional, porque no está prevista, pero hay muchas cosas en la Constitución que no están previstas y son constitucionales. Aquí, lo que se tiene que valorar es si tiene encaje constitucional. Y eso es lo que tiene que hacer el TC.
¿Y cree que tiene encaje constitucional?
Yo, personalmente, creo que sí.
“La participación de Reynders en las negociaciones entre el PP y el PSOE me pareció estrambótica”
¿Y no vulnera la separación de poderes?
No, yo creo que no. Creo que no porque da respuesta a una situación absolutamente excepcional. Para mí, el procés tal como fue el 1 de octubre y todo como se llevó después, es un error y ha sido un fracaso para todo el mundo, para unos y para otros. Dicho esto, llegamos a un punto en que necesitábamos una salida, teniendo en cuenta que hubo una excesiva judicialización de todo el procés. Con las soluciones del Constitucional, que había dicho que era inconstitucional, habría sido suficiente. Estábamos en un punto que se fue demasiado lejos y, como no podemos borrar el tiempo, la única manera de arreglarlo era una ley de amnistía con una serie de garantías, de limitaciones temporales y de limitar muy bien las conductas. No es lo más deseable en una democracia y supone decir «Haremos como que no se hizo todo esto que hicimos» y eso plantea problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica para mucha gente. Pero creo que era una de las pocas salidas que había para poder salir adelante y construir Catalunya como sociedad.
Tres preguntas por acabar. ¿Tiene la sensación que el PP y el PSOE, que eran incapaces de ponerse de acuerdo en la modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ, les han pasado la patata caliente a ustedes?
Ha habido cosas del procedimiento que a mí me ha parecido un poco estrambóticas, como que tuviera que participar la Unión Europea porque creo que era más una cuestión estética que de fondo. Pero sí que creo, con todos mis respetos, que ha sido una forma de decir que, como ellos no salen adelante, a ver si estas veinte personas salen adelante. Nosotros haremos lo que podremos, tenemos claro que es un tema prioritario.
“Hace muchos años que muchos expertos y juristas dicen que la Audiencia Nacional es un órgano judicial anacrónico”
¿Qué opina del hecho de que el presidente Pedro Sánchez haya presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que está investigando a Begoña Gómez, su mujer?
Está utilizando los instrumentos que la ley le permite utilizar para defenderse de lo que cree que son excesos de un juez.
En alguna ocasión, Junts ha reclamado la abolición de la Audiencia Nacional. ¿Usted cree que eso es posible?
Ni idea. La Audiencia Nacional hace muchos años que muchos expertos y muchos juristas dicen que es un órgano judicial anacrónico y que el desarrollo y la estructura en la planta judicial que tenemos permite que desde los sitios donde se han cometido los delitos se puedan asumir sin problemas las competencias de la Audiencia Nacional. Ahora bien, eso no sé si es una prioridad.