El Tribunal Constitucional ha designado, con fecha de 3 de octubre, cinco nuevo letrados en régimen de adscripción temporal, entre los cuales destacan dos nombres, el de la profesora de Derecho Constitucional Argelia Queralt Jiménez y el del fiscal Javier Zaragoza Tejada. La primera se ha destacado en los últimos tiempos por sus opiniones contrarias al procés independentista desde el constitucionalismo y el segundo es el hijo del fiscal Javier Zaragoza Aguado, uno de los cuatro fiscales que han participado en el juicio en el Tribunal Supremo contra la cúpula del independentismo y la también fiscal Elvira Tejada de la Fuente, responsable de la Unidad de Criminalidad Informática. Javier Zaragoza es fiscal especialista en Criminalidad Informática en San Sebastián.
La profesora @ArgeliaQueralt @Dret_UB nueva letrada del @TConstitucionE pic.twitter.com/6Wp3ZopnC9
— Facultad de Derecho UB (@Dret_UB) October 5, 2019
También destaca el nombramiento de la abogada del Estado María José García-Valdecasas Dorrego, ya que es la representante de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y experta en cuestiones prejudiciales -ha editado este mismo 2019 el libro Cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE-. En este contexto no se puede pasar por alto que el Tribunal Supremo ha presentado ante el TJUE una cuestión prejudicial sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, la vista de la cual tendrá lugar el próximo 14 de octubre.
Los otros dos nuevos letrados son el profesor de Derecho Procesal Nicolás Cabezudo Rodríguez y el administrador civil del Estado, José Núñez Núñez. Todos estos nombramientos llegan, además, a pocos días de conocerse la sentencia del juicio contra el proceso soberanista.
Los letrados de adscripción temporal del Tribunal Constitucional son acordados directamente por el pleno del tribunal, es decir, sin concurso, entre abogados, profesores universitarios, magistrados, fiscales y funcionarios públicos de la escala A con licenciatura de Derecho. La elección se hace por mayoría absoluta a propuesta de tres magistrados y por un espacio temporal de tres años prorrogables a un máximo de nuevo.