Una decisión técnica y "colegiada". El exconseller de Salut Josep Maria Argimon se ha desmarcado ante el juez de la decisión del Govern de suspender la vacunación contra el COVID-19 de los policías nacionales y guardias civiles destinados a Catalunya y ha alegado que el calendario de inmunización no era responsabilidad suya, según han informado fuentes jurídicas este jueves al acabar las declaraciones. Argimon, que era secretario de Salud Pública durante la pandemia, ha declarado como investigado por los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores ante el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona, y después de él lo ha hecho Marc Ramentol, ex secretario general del Departament de Salut, que también es acusado por los sindicatos de policías y guardias civiles JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC, por el retraso en la vacunación de agentes de estos cuerpos destinados en Catalunya, entre febrero y marzo de 2021.

En el interrogatorio, el magistrado ha sido incisivo con Ramentol y Argimon para aclarar quienes dio la orden de paralizar la vacunación a los agentes españoles. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en un procedimiento contencioso, ordenó al Govern que vacunara de forma "inmediata" a los agentes de los cuerpos policiales españoles, que habían denunciado este paro, y que se llegara a la misma proporción que la del cuerpo de los Mossos de Esquadra. Al final, todos los agentes destinados en Catalunya fueron vacunados. El procedimiento contencioso derivó en una causa penal, ya que los sindicatos policiales presentaron una querella inicialmente contra la entonces consellera de Salut Alba Vergés, y su equipo. El TSJC no vio suficientes indicios para investigar Vergés por estos hechos, pero invitó a los querellantes a denunciar a los cargos inferiores para aclarar responsabilidades.

La Fiscalía no estaba en las declaraciones

Ningún representante de la Fiscalía ha comparecido a las declaraciones de los dos excargos del Govern, que se han negado a responder a las preguntas de los abogados de la acusación de los sindicatos policiales. El juez también ha escuchado la declaración, como testigos, de un teniente de la Guardia Civil y un inspector de la Policía española, responsable del personal de los dos cuerpos. En las respectivas declaraciones, ni Ramentol ni Argimon no han aclarado quien dio la orden de detener la vacunación a los policías y se han referido a que fue una decisión "técnica, científica y colegida".

Por la crisis de la Covid-19 se crearon diferentes comités y grupos para gestionar la y frenar la pandemia, y el magistrado ha preguntado qué personas formaban parte de este órgano. Argimon, que meses después asumió la conselleria de Salut, ha indicado al juez que no era responsabilidad suya, ya que él se encargaba de que las vacunas llegaran a Catalunya. No obstante, ha añadido que no habría hecho detener la vacunación si fuera decisión suya.

Por su parte, Ramentol ha insistido en el hecho de que fue una decisión "técnica y colegiada", y que hubo un retraso en el inicio de la vacunación porque la subdelegación del Gobierno no facilitaba las listas de los agentes que tenían que ser vacunados. Finalmente, para facilitar su vacunación, Salut puso distintos puntos para hacerlo más próximos a los cuarteles de la Guardia Civil, repartidos por el país, según han explicado fuentes judiciales.

Con respecto a los testigos de la Guardia Civil y la Policía española han asegurado que tenían como interlocutor el entonces director de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez y que este les dio hasta tres explicaciones de los diferentes retrasos: problemas administrativos, falta de dosis y paralización de la vacunación con Astra Zeneca a los menores de 60 años por posibles efectos secundarios.

Otros investigados en la causa

El magistrado Fernando Criado ya interrogó como investigados Carmen Cabezas, actual secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de Promoción de Salud; Sara Manjón, directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut; Xavier Rodríguez, director de Servicios del Departamento; y Adrià Comella, director del CatSalut. En su declaración, el 22 de julio pasado, los altos cargos alegaron que ninguno de ellos tenía competencias para decidir qué grupo o colectivo se tenía que vacunar en cada momento, ya que solo les correspondían labores ejecutivas, organizativas y de logística, según fuentes judiciales. Por ahora, no se han pedido más declaraciones.

 

En la foto principal, el exsecretario general del Departament de Salut, Mar Ramentol, al salir de la declaración al juzgado de Barcelona, acompañado de una responsable del gabinete de prensa, este jueves. / Foto: Carlos Baglietto