La junta de fiscales del Tribunal Supremo rechazaba el pasado 6 de enero, por una mayoría de 12 a 3, el informe presentado por el ponente, Álvaro Redondo, que era contrario a investigar al presidente Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Se trataba de la posición de la fiscalía en respuesta a la exposición razonada que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió al Supremo para que el alto tribunal se quedara la causa e investigara por terrorismo a Puigdemont, los republicanos Marta Rovira y Ruben Wagensberg y nueve personas más. Ahora, El Español ha tenido acceso al escrito que redactó el fiscal de Sala Fidel Cadena donde se exponen los argumentos de estos 12 fiscales y donde se refieren a Puigdemont como un líder "carismático".
"No hay ninguna duda de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo", afirma el texto de Cadena que también apunta que once de estos mismos 15 fiscales consideraron, además, que hay bastantes indicios para que el alto tribunal asuma el caso e investigue la implicación de Puigdemont. Los fiscales consideran que Puigdemont "ostentaba el liderazgo absoluto" de Tsunami Democràtic y llevaba "las riendas" del movimiento, que definen como un "grupo organizado de carácter terrorista".
El "patrocinio intelectual y ético" de Puigdemont
El resultado de la votación de los fiscales del Supremo es la evidencia de que buena parte de los miembros de la Fiscalía —dominada por la conservadora Asociación de Fiscales— también ha tomado partido abiertamente contra la ley de amnistía, que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez. También es un nuevo pulso al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, en el cual 19 de los 30 fiscales del Supremo ya le exigieron que les defendiera ante las críticas de políticos independentistas catalanes, como Junts, concretamente de la diputada Míriam Nogueras.
El texto redactado por Fidel Cadena insiste en la importancia del papel de Carles Puigdemont y asegura que "la finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democràtic, orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético de Puigdemont, no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir los poderes públicos y, en concreto el Tribunal Supremo, el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes". El informe, además, sostiene que el Tribunal Supremo tiene que asumir la causa por, entre otras diligencias, tomar declaración como investigado al presidente en el exilio y también al diputado autonómico Rubén Wagensberg. El diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament se trasladó el pasado 31 de enero temporalmente a Suiza para asesorarse ante los movimientos de la justicia española que lo vinculan con Tsunami Democràtic.
Los presuntos delitos
El escrito señala los presuntos delitos cometidos por Puigdemont y el resto de los que consideran que son responsables de Tsunami Democràtic: "Animado por los fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos el cumplimiento de sus fines, Tsunami Democràtic desarrolló [actuaciones] con perfecta ideación y estrategia y distribución de funciones", sostiene. Los fiscales aprecian indicios, en primer lugar, de delitos graves de detención ilegal terrorista en relación con el bloqueo del aeropuerto del Prat en Barcelona. Consideran acreditada la imposibilidad de que pudiera acceder al aeropuerto la ambulancia de urgencias que se encargaría del traslado al hospital del ciudadano francés Jean Claude Scherzinger, que murió al sufrir un infarto de miocardio.
Los fiscales también aprecian un delito de lesiones de gravedad especial sufridas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, causadas mediante "sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia tanto en el Prat como en las calles de Barcelona". "Tienen que ser consideradas como delito de terrorismo al realizarse con la finalidad de atentar contra la paz pública y forzar los poderes públicos a la inaplicación de la sentencia del Tribunal Supremo", defienden. En tercer lugar, el texto hace referencia a presuntos delitos de falsedad continuada en documentos mercantiles por las "falsificaciones masivas de billetes y tarjetas de embarque que hicieron los organizadores de la acción" para conseguir que un gran número de personas accedieran a las instalaciones de la T1 y T2 del aeropuerto de Barcelona.
"Es terrorismo"
Todos estos presuntos delitos que se han enumerado anteriormente, están unidos, según el escrito de los fiscales, por un elemento común que los convierte en delitos de terrorismo: el objetivo de Tsunami Democràtic de "subvertir la orden constitucional, alterar la paz pública, provocar terror en una parte de la población y la desestabilización grave de las instituciones políticas del Estado". Entre los argumentos de los fiscales, explican que antes, en 2015, para que se pudiera hablar de terrorismo "hacía falta la existencia de bandas o grupos armados que recurrieran a la violencia contra las personas o las cosas para provocar alarma o pánico, actuando de manera organizada."
Apuntan, sin embargo, que con la reforma del delito aquel mismo 2015, se entiende que los delitos de terrorismo "pueden ser cometidos, en todos los casos, por personas de forma individual o colectiva aunque no estén integradas en organizaciones o grupos terroristas, siempre que persigan alguna de las finalidades establecidas." Entre estas finalidades, según consideran los fiscales del Supremo, hay las mencionadas en el caso de Tsunami Democràtic
Los indicios contra Puigdemont
El texto al que ha tenido acceso El Español, pone de manifiesto que Puigdemont "estuvo informado desde el principio de la constitución del grupo organizado (Tsunami)" y aportan como prueba mensajes encontrados en el teléfono de Josep Lluis Alay. Además, puntualizan, "Puigdemont también aparece directamente implicado en el lanzamiento de la campaña de Tsunami Democràtic a través de redes sociales, junto con otros líderes independentistas como Oriol Junqueras".
Finalmente, el informe de Cadena destaca que, según los fiscales, Puigdemont podría haber detenido el "desarrollo de los delitos presuntamente cometidos" siempre que hubiera optado por "retirar su apoyo carismático a Tsunami". Ahora bien, lamentan que, en vez de retirar el apoyo, "animó a seguir con las acciones violentas que se llevaron a cabo con su conocimiento y consentimiento".