Parcialidad, partidismo y violaciones de los derechos fundamentales de los acusados. Estas son las líneas de acusación principales en las que se sostiene la demanda civil presentada por el presidente Carles Puigdemont y los consellers en el exilio contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga. Esta acción se enmarca dentro del tira y afloja judicial mantenido entre el magistrado y el Govern catalán en el exilio. El Govern de Puigdemont decidió el pasado mes de junio emprender acciones legales contra Llarena, más allá de defenderse de las peticiones de extradición, hoy en día todas ellas retiradas.
La demanda se presenta por unas declaraciones que el juez realizó a la salida de un acto a Oviedo el pasado febrero, donde negaba que se estuviera llevando a cabo una acusación a los líderes independentistas por motivaciones "políticas".
El texto de la demanda, al cual ha tenido acceso El Nacional, va un paso más allá y aprovecha para denunciar "violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales" por parte de la justicia española contra los miembros del movimiento independentista. Lo hacen a través de un repaso cronológico de los acontecimientos a nivel político y jurídico en España desde la victoria independentista del 27-S, seguida del referéndum del 1-O, la declaración de independencia y los posteriores encarcelamientos y exilios.
Aseguran que las acciones de Llarena durante la instrucción del caso del 1-O han demostrado su "parcialidad, violación de la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales". Denuncian una "influencia política, totalmente inhabitual" de un juez de instrucción, en referencia a los intentos de investidura de tres candidatos diferentes a la presidencia de la Generalitat —Puigdemont, Turull y Sànchez, éste último en dos ocasiones—, todos impedidos por el juez. "Ha sobrepasado sus funciones judiciales o, como mínimo, ha abusado de estas, olvidando la base del Estado de derecho", critican.
Actos extrajudiciales
También se enumeran varios actos extrajudiciales en los que Llarena ha participado a pesar de estar vinculados con los hechos de la causa del 1-O o ser de carácter político. En concreto, se trata de un seminario organizado por la FAES —think tank político impulsado por el expresidente del Gobierno José María Aznar— en el año 2014, una conferencia en Salamanca invitado por una empresa privada en abril y un curso de este verano en una universidad de Madrid sobre "La justicia y la política".
Insisten en que estas intervenciones del juez como conferenciante "revelan sus opiniones políticas" y también su "partidismo y falta de imparcialidad" en un marco de "extrema complejidad y sensibilidad".
La implicación del Gobierno
Esta demanda ha abierto una guerra entre gran parte de la esfera judicial española y el gobierno de Pedro Sánchez. Llarena pidió amparo al Consejo del Poder Judicial para que se hiciera cargo de su defensa ante los tribunales belgas el 4 de septiembre, cuando está citado. Este lo aceptó, pero el Ministerio de Justicia matizó que solo se le defendería de las acusaciones que vayan contra la jurisdicción española pero no las que estén vinculadas a "actos privados" del juez, como las declaraciones ovetenses, origen de la demanda. La noticia indignó a la judicatura que reivindica una defensa de Llarena en todos los términos. A todo ello, este domingo el Ejecutivo ha anunciado que contratará a un abogado para defender a Llarena en Bélgica.
Las acusaciones contra el Gobierno que aparecen en la denuncia están relacionadas con una "campaña mediática de desprecio sistemático y violento por parte de todos los órganos del Estado" contra el independentismo, donde implican al Ejecutivo, el Rey y las asociaciones de jueces y fiscales. "Los miembros de las minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales por parte de las jurisdicciones españolas", detallan.
La demanda sitúa España a la altura de Kazajistán, "entre los estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios de los derechos fundamentales universales". Concretamente, recuerdan el caso en que, pocos días después de un toque de atención por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU pidiendo a España y a Llarena respetar los derechos fundamentales, se volvió a denegar a Jordi Sànchez un permiso para asistir a su investidura.
En este sentido, se acusa al sistema judicial español de ser "incapaz" de tratar la cuestión catalana de "manera imparcial". El único objetivo de la respuesta penal del Estado es, según afirma la demanda, hacer que los líderes independentistas renuncien a su proyecto político y no juzgar los delitos penales de los que se les acusa.