Francina Armengol ha cumplido este miércoles la exigencia de Junts per Catalunya para hacerla presidenta del Congreso de los Diputados: normalizar el uso del catalán en las Cortes españolas. Así, los grupos parlamentarios de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, PNV y BNG han registrado la reforma del reglamento del Congreso de los diputados que permite hablar en todas las lenguas oficiales del Estado. Es decir, poder hablar catalán, vasco y gallego. El documento, sin embargo, no cuenta con la firma de Junts per Catalunya. Ahora bien, sí que se han incorporado los cambios exigidos por la formación capitaneada por Míriam Nogueras. Hace falta recordar, también, que ERC estuvo convencida de votar a favor de la presidencia de Armengol cuando se pactó poder hablar catalán en el Congreso e incluir la oficialidad de esta lengua en las instituciones europeas.

 

Junts no firma la propuesta del reglamento para incorporar el uso del catalán en el Congreso a pesar de que su voto está garantizado, puesto que se han introducido en esta reforma sus exigencias, entre las que hay la incorporación del uso del catalán en el apartado de derechos de los diputados, con lo que se hará en un plan de igualdad con el castellano. Con todo, los diputados de Junts evitan la imagen de su presencia en un bloque ya compacto y consolidado alrededor de una mayoría encabezada por el PSOE. "No firmamos el texto porque no formamos parte de ningún bloque, ni somos socios de nadie", ha argumentado Junts.

El partido de Carles Puigdemont, que insiste que para utilizar el catalán en el Congreso no había que reformar el reglamento, subraya los cambios que han incorporado con relación a la propuesta inicial de reforma que presentó el PSOE y que, según recuerdan, el resto de partidos dio por bueno, donde se imponía que el uso del catalán tenía que ir acompañado de una traducción en castellano.

Desde Junts se ha exigido que a todos los efectos el catalán se sitúe en plan de igualdad al castellano, razón por la que han rechazado que se impusiera, como se preveía a la redacción inicial, la presentación de la traducción al castellano de los textos que se presenten ante el registro en catalán. Solo durante este plazo de seis meses, hasta que los servicios de la cámara se hayan habilitado con este objetivo, los diputados que presenten escritos en una lengua que no sea el castellano tendrán que incorporar la traducción.

El primer hecho comprobable que llegó por parte de los socialistas con este compromiso con Junts per Catalunya llegó a mediados de agosto, cuando el ministro de Asuntos exteriores en funciones, José Manuel Albares, registró ante el Consejo de la Unión Europea la petición para que las lenguas catalana, vasca y gallega sean oficiales en las instituciones de la Unión Europea. Hay que recordar que el estatus que puede adquirir la lengua puede tener otras derivadas, como por ejemplo el freno a las sentencias que obligan a instaurar un 25% del castellano en la escuela catalana, dando por sentado que el catalán tendrá un rol mucho más importante en el contexto europeo, equiparable al que tienen el inglés, el francés o el alemán.

La propuesta de reforma del reglamento

La proposición establece el derecho de todos los diputados a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en el Estado en cualquier tipo de actividad parlamentaria; tanto en las intervenciones orales como en la presentación de escritos. Así pues, el escrito también precisa que desde la próxima sesión de investidura (el 26 de septiembre) la cámara ya contará con los servicios precisos de traducción e interpretación para que los parlamentarios puedan expresarse de la manera que quieran. Con respecto a la presentación de escritos, sin embargo, la reforma prevé un plazo de seis meses para tener los medios necesarios a la institución para tramitar textos en lenguas diferentes de la castellana.

Paralelamente, el texto asegura reproducir íntegramente en el Diario de Sesiones todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones plenarias, la diputación permanente y las comisiones, tanto en las lenguas que se han pronunciado como en una traducción al castellano. El PSOE argumenta ahora haber hecho este paso como una acción en respecto a la "pluralidad lingüística" y el "patrimonio cultural" de todas las "lenguas españolas.

La experiencia previa en el Senado

A pesar de que el castellano continúa siendo utilizado en el grosor de la actividad parlamentaria, el Senado ya hace unos años que modificó su reglamento para que el catalán, el vasco y el gallego pudieran tener un uso, a pesar de que muy limitado. Junts per Catalunya mantenía viva una propuesta para reformar el reglamento y equiparar estas tres lenguas a la castellana, y el senador Josep Lluís Cleries se encargaba de denunciar constantemente en las sesiones plenarias el filibusterismo del PSOE para poner en marcha esta normalización lingüística. 

De acuerdo con el margen del reglamento del Senado, en la actualidad todos los senadores tienen a la disposición unos auriculares para escuchar la traducción automática. Por eso la cámara alta se ha dotado de una bolsa de 25 intérpretes que son requeridos en función de la actividad legislativa. Pero en estos plenos el castellano ha estado siempre la lengua utilizada.