“Nosotros seríamos afectados y, en ningún caso, parte de nada relativo a la corrupción o con lucrarse en un momento tan complicado como la pandemia”. Contundente réplica de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a las acusaciones que la relacionan presuntamente con el caso Koldo cuando era presidenta de las Illes Balears. En una atención a los medios poco habitual, Armengol ha sostenido con firmeza que el hecho de que “alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que morían muchas personas cada día” le “da asco” y le parece “reprobable y vergonzoso”. La presidenta de la Cámara Baja ha expresado que está “muy indignada” viendo que se los pone “al mismo nivel de esta gente” y ha relatado que el gobierno de las Illes Balears que ella presidía hizo contratos de emergencia, pero eran “contratos legales a través de los rigurosos controles” del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-SALUT) y que tienen la “fiscalización favorable” de la Intervención General de las Baleares. “Todo se hizo legalmente”, ha remachado. Justamente ayer el PP señaló directamente a Francina Armengol y argumentó que “no se fiaba en absoluto” de la comisión de investigación impulsada por el PSOE en una institución encabezada por la expresidenta balear.
Armengol ha explicado que era el IB-SALUT quien analizaba las “informaciones que llegaban de empresas que podían tener material de China” para valorarlas y, en caso de que lo considerara oportuno, firmar los correspondientes contratos. Una vez recibido el material y puesto a disposición del personal sanitario, si el ejecutivo balear tenía alguna duda sobre sus prestaciones, lo enviaba al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como en este caso: “Cuando los análisis nos dijeron que no tenían la calidad por la que se había pagado, el gobierno balear reclamó, en tiempo y forma, que la empresa devolviera una parte del dinero”. Fuentes próximas a la presidenta Armengol concretan que eran 2,6 millones de euros de los 3,7 millones del contrato, que es la cantidad que correspondía a las mascarillas que eran KN95 en lugar de FP2.
El gobierno balear reclamó en marzo de 2023
Las mismas fuentes indican que en marzo de 2023 se informó a la empresa a través de una carta de que se le reclamaría formalmente esta cantidad e indican que el Servei de Salut asegura que no recibió presiones y que el IB-SALUT era el encargado de “canalizar” cualquier propuesta y de negociar “directamente” con las empresas. También apuntan que la Fiscalía dice que no hay ninguna irregularidad en la manera de contratar. “El perjudicado no puede ser el culpable. ¿Si estás en una supuesta trama, qué haces reclamando?”, remachan las mismas voces.
Armengol también ha argüido que, cuando hicieron el traspaso de poderes con el ejecutivo entrante, presidido por la popular Marga Prohens, dejó “el expediente de reclamación firmado” y le “explicó que tenían que reclamarlo” para que no se perdiera. La expresidenta balear ha hecho bandera que “más transparencia es imposible” y ha exigido al actual gobierno que “ejecute el expediente y consiga la devolución del dinero de la empresa”. Justamente ayer el gobierno balear anunció que se personaría como acusación particular en el caso Koldo.