El gobierno de Francina Armengol en las Illes Balears modificó el contrato de mascarillas adjudicado a dedo a la empresa del caso Koldo con el objetivo de financiarlas con fondos europeos cuando ya sabía que el material incumplía los requisitos necesarios para su uso. Según adelanta El Español, primero acordó la licitación de la compra de mascarillas con Soluciones de Gestión SL, les pagó los 3,7 millones de euros provenientes del presupuesto balear, recibió el material y, más tarde, al comprobar que los habían estafado, ordenó modificar las licitaciones para poder imputar este gasto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es decir, a los fondos europeos.
Eso es lo que consta en la documentación que está en manos del actual gobierno balear, presidido por la popular Marga Prohens. De hecho, el ejecutivo balear se ha personado en la causa que sigue la Audiencia Nacional, después de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, como acusación particular. Además, un elemento importante es que estos 3,7 millones serán investigados por la fiscalía europea al tratarse de fondos europeos en el marco de una posible malversación de fondos de la Unión Europea.
Los tiempos de los cambios de licitación
El gobierno balear de Francina Armengol hizo el pedido a la empresa vinculada al caso Koldo el 29 de abril del 2020. La empresa apadrinada por Koldo García, asesor personal del exministro de Transportes José Luís Ábalos, se comprometió a entregar 1,5 millones de mascarillas FFP2 KN95 procedentes de China. Ábalos, entonces, tenía las competencias de compra de este material. El 5 de mayo, solo una semana después, el servicio de salud de las Illes Balears hicieron la transferencia económica de 3,7 millones de euros, a un precio de 2,55 euros la unidad. Con todo, el ejecutivo comprobó un 8 de junio que las mascarillas no cumplían los requisitos, un mes después de recibir el material.
Armengol ordenó cambiar las licitaciones
A pesar de conocer que el material no cumplía los requisitos, un mes después (3 de julio), el ejecutivo de Armengol empezó a tramitar la modificación de los contratos para poder sustituir con fondos europeos los 3,7 millones gastados con dinero balear. Entonces, envió el expediente para poder hacer los trámites a la Dirección General de Fondos Europeos, responsable del control, seguimiento y evaluación de los fondos provenientes de la UE. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero dio luz verde a esta operación.
El gobierno de Armengol reclamó tres años más tarde de haber formalizado el contrato los daños de la empresa Soluciones de Gestión SL, justamente cuando la actual presidenta del Congreso sabía que perdía las elecciones en las Illes Balears. Era el 6 de julio del 2023. Concretamente, pidieron una indemnización de 2.626.584,40 euros. De hecho, en el momento que reclama una indemnización, Armengol sabía que la fiscalía había actuado con anterioridad contra esta operación.