Empieza un nuevo curso para la justicia española. Y, por primera vez en más de un lustro, no se escuchará ninguna voz que apele a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El trabajo está hecho. In extremis. Pero se ha culminado la renovación del órgano de gobierno de los jueces seis años después gracias a dos fumatas blancas: la elección de veinte nuevos vocales gracias a la alianza entre el PP y el PSOE a finales de junio y la elección de Isabel Perelló para presidir el Poder Judicial. Con una mujer a la cabeza por primera vez en la historia, el CGPJ empieza un curso que se avecina intenso y en el que tendrá que hacer frente a múltiples retos. Lo hace, este jueves 5 de septiembre, en la tradicional Apertura del Año Judicial, que está presidida por el rey Felipe VI y a la que tomarán la palabra la presidenta del CGPJ y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
❓ Quién es Isabel Perelló, la nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo
El esencial y más inmediato será cubrir las 102 vacantes pendientes en los principales órganos judiciales, unos deberes pendientes desde hace años a causa del bloqueo en el CGPJ, que desde marzo de 2021 no puede hacer nombramientos por encontrarse en funciones. Encima de la mesa, el nuevo CGPJ tendrá otras carpetas calientes, la mayoría en clave catalana. Una de ellas será la denuncia que presentó Carles Puigdemont contra Pablo Llarena por el “retraso injustificado” de su recurso sobre la no-aplicación de la amnistía. “Una desatención y un retraso injustificado y reiterado”, señaló Gonzalo Boye en su escrito. Precisamente, el CGPJ se pondrá en funcionamiento cuando la ley de amnistía aún no ha estado aplicada plenamente y a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión de inconstitucionalidad que han presentado la Sala Penal del Tribunal Supremo y otros tribunales.
Además, el nuevo CGPJ tendrá que hacer frente a las críticas por parte del independentismo dirigidas a la judicatura y la amenaza de Junts y de ERC de citar a jueces en las comisiones de investigación del Congreso (algo que el CGPJ y el Gobierno descartaron). Hace meses, el entonces presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, amenazó a Míriam Nogueras con “tomar medidas” contra el “señalamiento” a jueces españoles, pidió que se dejara “en paz” el Poder Judicial y advirtió de un “choque brutal” si el Congreso cita a jueces a comparecer.
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Con la necesidad imprescindible de articular mayorías más allá de los bloques
A todo esto, uno de los principales desafíos que tendrá el CGPJ será superar la dinámica de bloques que arrastra desde hace años. Progresistas contra conservadores. Prueba de la dificultad de esto es que los vocales, diez para cada lado, han necesitado un mes, cuatro intentos y reabrir la lista de candidaturas para ponerse de acuerdo en quién debía presidir el CGPJ. Finalmente, la solución fue el nombre de Isabel Perelló, una vocal progresista propuesta por el sector conservador y que respondió a la voluntad de Juezas y Jueces para la Democracia de que hubiera una presidenta por primera vez en la historia.
El motivo del bloqueo era que para elegir la presidencia es necesario el apoyo de doce de los veinte vocales. Y esto seguirá siendo así. Porque de la mano de la renovación del CGPJ, el PP y el PSOE pactaron la reforma de la Ley del Poder Judicial para establecer que todos los nombramientos (y no solo la elección de la presidencia) requerirán el voto de tres quintas partes de los veinte miembros. Si se quiere evitar un bloqueo perpetuo, esto implicará cesiones desde ambos bloques. Los cargos que se tienen que renovar son 29 en el Tribunal Supremo, dos en la Audiencia Nacional, cuarenta en Tribunales Superiores de Justicia y 31 en Audiencias Provinciales.
El PP y el PSOE celebran la elección de Perelló se haya hecho “sin imposiciones”
Pocas veces los dirigentes del PP y del PSOE se expresan en una misma línea argumental. Y la elección de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ lo ha conseguido. Sin ahorrarse dardos más o menos implícitos entrecruzados, populares y socialistas han reivindicado la figura de la nueva presidenta del Poder Judicial y, en especial, el procedimiento para llegar a su nombre. “Los vocales han decidido entre ellos, sin injerencias y sin imposiciones, y me parece bien”, verbalizó Patxi López (portavoz del PSOE en el Congreso). Y con él coincidieron en Génova: Alberto Núñez Feijóo (presidente del PP) subrayó que haya sido la primera vez que la presidencia del CGPJ se elige “sin imposición” de los partidos y Cuca Gamarra (secretaria general de los populares) arguyó que “nadie puede cuestionar la independencia” de Perelló. “Estamos contentos porque los partidos políticos no hemos metido mano en este nombramiento”, añadió Borja Sémper (portavoz del PP). Esta tesis también la abonó Inés Herreros, una de las vocales del CGPJ, que aseguró el lunes en declaraciones a los periodistas que la decisión se tomó “sin ninguna injerencia política”.
Por su parte, Pedro Sánchez celebró que, de esta forma, España puede “recuperar la normalidad institucional y democrática” para superar “cinco años de bloqueo judicial”. Y Félix Bolaños reivindicó que es un “éxito de país que todos los poderes del Estado” estén “funcionando” y abogó por que el CGPJ “recupere el tiempo perdido durante los últimos cinco años de bloqueo”. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se mostró confiado de que el “consenso” que exhibieron el PP y el PSOE y del que han hecho gala los vocales será el que “presida la actuación” del CGPJ. El objetivo es claro: “Superar una etapa de desprestigio, de desidia, de paralización y de bloqueo para volver a poner la Carrera Judicial donde siempre ha tenido que estar, en unos niveles máximos de excelencia y de prestigio”.
Además, claro está, todas las voces que se han expresado han coincidido en señalar la importancia de que la presidencia esté ostentada por una mujer. “Significa un avance en sí mismo y es una muy buena noticia”, dijo Patxi López. Con esta elección, se hace patente que “la igualdad es una columna vertebral de la democracia”, tuiteó Pedro Sánchez. “Suena bien que haya una evidencia del papel de la mujer en la Judicatura”, declaró Borja Sémper.
Carlos Lesmes, en 2018: “Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse”
El último discurso de un presidente del CGPJ en plenas funciones fue en 2018 y lo pronunció Carlos Lesmes. Había pasado menos de un año desde el referéndum del 1-O, los presos políticos todavía estaban en prisión preventiva y faltaban cinco meses para que empezara el juicio del procés. “Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”, proclamó Lesmes. En su intervención, atacó a los tribunales europeos que no habían entregado por rebelión a los políticos en el exilio y les reprochó que hubieran interpretado de manera “unilateral” preceptos jurídicos que son “autónomos” provocando una “grave incertidumbre”. “Estas decisiones han provocado la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial”, lamentó.
Entre 2019 y 2023, un déjà vu perpetuo frente a una situación “insostenible”, “inaceptable” y “anómala”
Pero si ha habido un tema que monopolizado los discursos de arranque del año judicial han sido los llamamientos a desbloquear el CGPJ. El año pasado, el presidente interino del Supremo, Francisco Marín, verbalizó una “profunda tristeza” por el estado “desolador” de los principales tribunales españoles y apeló al PSOE y al PP para que “no caigan en la tentación” de aprovechar la oportunidad para “obtener ventajas políticas”. Además, en aquella ocasión un mes y medio después de las elecciones de 23-J y todavía dos meses antes de la investidura de Pedro Sánchez, la judicatura recetaba prudencia con la ley de amnistía y, en los pasillos, avisaba de que la escudriñaría a fondo. Ahora los jueces tienen encima de la mesa la aplicación completa y total de la norma del olvido penal.
El de 2022 fue el último discurso de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ. Urgió a Sánchez y a Feijóo a que se reunieran “con urgencia” para lograr una “solución definitiva” a la “situación insostenible e inaceptable” del Poder Judicial. “De no ser atendido este llamamiento, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”, advirtió. Un mes más tarde, Lesmes dimitió.
¿Y previamente? En 2021, apeló a Sánchez y a Pablo Casado para solucionar la situación “anormal y anómala” en la que se encontraba el CGPJ por “causas que le son completamente ajenas”. En 2020, reclamó la renovación del órgano de gobierno de los jueces “sin dilaciones” deseando que ese fuera el “último” discurso de su mandato. Todavía le faltaban dos más. “El año pasado pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año”, reconoció. Y en 2019, pocas semanas antes de la sentencia del juicio del procés, quiso poner de relieve que “el respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial”. Además, la fiscal general del Estado, María José Segarra, enarboló la “imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea”. Ahora, cinco años más tarde, el independentismo lucha para amnistiar por completo todos los condenados en esa sentencia mientras ve que el Supremo pone todo tipo de trabas para impedirlo.