La magistrada del Penal 20 de Barcelona ha empezado el juicio contra cuatro jóvenes independentistas, a quien la Fiscalía pide 3 años de prisión a cada uno por un delito de coacciones con la agravante de odio por ideología por haber echado a siete integrantes de la asociación juvenil españolista 'S'ha Acabat!' de una muestra de entidades en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el 23 de febrero de 2022. Este lunes han declarado como testigos cinco integrantes de la entidad, los cuales ha asegurado que les desmontaron mesa y "un grupo de más a cien personas les hizo fuera de la universidad a empujones y golpes en los pies", y que lo vivieron "con mucha angustia y ansiedad".
Sin embargo, ninguno de los cinco declarantes no ha detallado ninguna acción violenta por parte de los acusados. Solo la presidenta de 'S'ha Acabar!' Júlia Calvet, ha identificado a Bernat Sánchez, de las Juventudes de Esquerra Republicana (JERC), que "daba órdenes", y del cual ha admitido que conoce de haber estudiado juntos en la escuela Projecte, de la avenida del Tibidabo. Otra testigo solo ha reconocido que estaba allí Oriol, porque va a su clase, y que es miembro del Sindicat de Estudiantes de los Països Catalans (SEPC), como los otros dos acusados, Duran y Pau.
Nuevo vídeo admitido
Al inicio del juicio, las abogadas defensoras, Sònia Olivella, Marta Bolinches y Norma Pedemonte, han pedido la nulidad de las últimas resoluciones del juez instructor para enviar el caso a juicio porque es "genérica" y no se detalla qué había hecho cada uno de los investigados. Han recordado que inicialmente el caso se archivó y se volvió a reabrir con un atestado ampliatorio de los Mossos, además que era inicialmente por un delito de desórdenes públicos y no de coacciones. También han pedido que se retiren los atestados médicos por "incongruentes". La fiscal de Delitos de Odio, Marta Gloria López Catalá, se ha opuesto y ha asegurado que al acabar una investigación, el juez solo tiene que determinar si hay indicios para llevar un caso a juicio, como en este caso. Con todo, no se ha opuesto a los nuevos tres testigos aportados por la defensa, así como un vídeo del periodista David Melero y su testimonio, que "es esencial y demuestra todo el contrario de lo que dicen las acusaciones", según Olivella. Las defensas piden la absolución para los cuatro jóvenes, que declararán al final del juicio, el jueves.
'S'ha Acabat'! se confiesa
La entidad 'S'ha Acabat!' se constituyó en el 2018 para defender la Constitución, pero también para mostrarse contra los postulados independentistas, según ha admitido Sergi, excoordinador de la entidad, en la vista. Y, ha reconocido que tenía que ir a un examen y los de la manifestación contraria, al final, lo dejaron pasar y no hizo tarde a la prueba.
"Dicen que somos fascistas y que nuestro pensamiento no cabe en la universidad", ha declarado Júlia Calvet, que ha explicado que salió de la clase de Derecho Penal cuando vio mucho humo y gritos contra la entidad. También ha reconocido que el vicerrector de la Pompeu, Pablo Pareja, medió entre las dos partes, pero ella llamó a los Mossos: "Estaba muy nerviosa y no veía control, ni tenían seguridad." Finalmente, la entidad españolista difundió la situación por las redes sociales, y en la universidad aparecieron el diputado de Vox Ignacio Garriga, y el de Cs, Carlos Carrizosa, a darles apoyo. El vicerrector ha declarado como testigo también.
El relato de los cinco testigos ha sido el mismo. Unos desconocidos les desmontaron el puesto que tenían y más de cien personas, de negro y con mascarillas, los rodeó "en forma de una U y con los brazos entrelazados y los condujeron hacia un pasillo, hasta salir de la universidad". Y ¿cómo los pegaban si tenían los brazos cogidos?, los ha lanzado la abogada Pedemonte.
La presidenta de 'S'ha Acaba!' no ha sabido decir cuántos simpatizantes y socios tiene la entidad actualmente. ¿"En una entrevista, cuando pasaron los hechos dijo unos 400 socios"?, le ha preguntado la abogada Olivella, y Calvet ha respondido: "Quizás lo exageré. No somos tantos." Inicialmente, la magistrada ha querido evitar la pregunta y la respuesta, pero la penalista le ha recordado que la acusación particular de la entidad los acusa de vulnerar su derecho de reunión y de desórdenes, con la misma penal de 3 años de prisión.
Un grupo de estudiantes se ha concentrado a las puertas de la Ciutat de la Justícia, blindada con policía, para dar apoyo a los cuatro encausados.
Los choques entre entidades independentistas y la unionista se vivió primero en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y se ha repetido en la Universidad de Barcelona (UB).