Primero ha sido Pablo Casado y, como acostumbra a pasar en todos estos casos, rápidamente se ha sumado Inés Arrimadas. En este caso, apostando por la aplicación del artículo 155 en Catalunya para intervenir la enseñanza e imponer el 25% de asignaturas en castellano que ha ratificado el Tribunal Supremo. En este sentido, la líder de Ciudadanos ha dejado claro que ellos darán apoyo "al mecanismo que sea" para hacer cumplir lo que ha dicho la justicia. En cambio, ha contrapuesto, Pedro Sánchez probablemente se acabe "arrodillando" ante el independentismo. La derecha no dispone de los números en el Senado para tirarlo adelante.
En una atención a los medios desde el Congreso, Inés Arrimadas no sólo ha defendido una eventual nueva aplicación del 155. Ha ido más lejos y ha criticado que el PP lo levantara en su momento, cuando, según su opinión, no se estaban cumpliendo los requisitos para acabar con la suspensión del autogobierno. En este contexto, en el ámbito educativo, ha celebrado la providencia de ayer del Tribunal Supremo, aunque ha calificado de "vergüenza" que esta batalla se haya tenido que ganar en los tribunales después de décadas donde los "constitucionalistas catalanes" se han visto "pisoteados" por el nacionalismo catalán.
De esta manera, la líder del partido unionista ha interpelado directamente a Pedro Sánchez porque "ya no tiene excusas" y tiene que actuar en la educación catalana. "Me temo que Sánchez se arrodillará otra vez ante el separatismo y nos dejará desamparados en las manos sectarias del Govern", ha lamentado Arrimadas, que ha avisado al presidente español de que pronto "ya no le quedará más dignidad por perder".
Es la misma idea de que ha lanzado antes a Pablo Casado. "Si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Sánchez tiene que hacer lo que esté a su alcance para que se cumpla la resolución", ha asegurado el líder de los populares en declaraciones a la prensa. A pesar de su seguridad no ha mencionado directamente el artículo 155 y se ha referido como "el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que según el Título Octavo le son propias".
¿Qué dice el Gobierno?
El Gobierno cree que la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir un 25% de clases en castellano "se tiene que ejecutar" como todas las sentencias, "porque es firme", pero ya adelanta que no lo solicitará expresamente, porque considera que quien tiene que pedir el cumplimiento es el mismo TSJC, y no el ejecutivo español. Así lo han apuntado este miércoles fuentes del Ministerio de Educación y también las ministras de Justícia y de Política Territorial, Pilar Llop e Isabel Rodríguez. Una vez las sentencias son firmes, sostienen, toca hacer que se ejecute al tribunal sentenciador y no al Gobierno.