La declaración de independencia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunció este martes, para acto seguido suspender sus efectos, abre ahora un periodo desconocido donde habrá que ver cómo responde el Estado.
En este sentido, el artículo 155 de la Constitución es el que más ha sonado desde hace tiempo, y todavía más en las últimas semanas, pero ¿en qué se basa realmente?
¿Qué es?
El artículo 155 de la Constitución tiene que ver con las vías del gobierno español para controlar la actividad de las comunidades cutónomas. Contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de manera que se obligue a la región al "cumplimiento forzoso" de sus deberes.
¿Cuándo se puede aplicar?
Según la redacción del artículo, se establecen dos ocasiones en que el gobierno estatal podría aplicarlo. Una de estas es si la comunidad autónoma no cumple "las obligaciones que la Constitución o que otras leyes le impongan". La otra, en caso de que esta misma actúe "de manera que atente gravemente el interés general de España".
¿Cuál es el mecanismo?
Primero, el gobierno español tendrá que enviar "requerimiento" al presidente de la comunidad cutónoma en cuestión para que cumpla sus obligaciones o deje de actuar como lo esté haciendo. En caso de no ser atendido el requerimiento, el gobierno estatal "puede adoptar las medidas necesarias" para obligar a la comunidad al "cumplimiento forzoso" de estas obligaciones eludidas. Para eso, tendrá que contar "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado".
El procedimiento que regula el Senado exige que el gobierno estatal envíe al presidente de la citada cámara una propuesta con las medidas concretas que plantea. Después tendrán que ser debatidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas, la cual tendrá que pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final se tendrá que votar en pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Sergi Alcàzar
Con todo, nunca antes se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución, así que hay que ver cómo lo aplicará – si es que lo hace- el gobierno español. De momento, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha reconocido que "se ha estudiado muy poco" y que todos los pasos que se den tienen que ser "efectivos", "eficaces" y que "provoquen el menor daño posible".
En caso de que no se aplicara el 155, también se ha puesto sobre la mesa el artículo 116 de la Carta Magna.