La aplicación fulminante del artículo 155 de la Constitución española no sólo ha cesado el Govern y disuelto el Parlament, sino que también ha tenido efectos reales sobre el día a día de la administración catalana y de la ciudadanía. En una rueda de prensa en la sede de Òmnium Cultural este jueves, entidades y colectivos de varios sectores han explicado cómo les ha afectado de manera directa. Lo han hecho a un mes del inicio de su entrada en vigor, y dos meses después de la intervención económica de la Generalitat. Algunas de las consecuencias: proyectos parados, subvenciones retrasadas y partidas inciertas.

En nombre del sindicato de enseñanza USTEC, su portavoz Ramon Font ha puesto un ejemplo concreto: el 30 de octubre, tres días después de la aprobación del 155, había reunión de la conferencia sectorial de Educación, con los consejeros de todas las comunidades autónomas. Según Font, el voto de Catalunya, en manos del Ministerio, hizo desempatar una votación sobre las pruebas de acceso a la función pública a favor de las ocho comunidades gobernadas por el PP. Otro efecto directo es que habían llegado a un acuerdo con el Govern que se tenía que reflejar en los presupuestos del 2018, que contemplaba 2.700 nuevas plazas. "Los presupuestos no están aprobados porque disolvieron el Parlament", ha lamentado.

También ha denunciado el intento por parte del PP y Ciutadans de "recentralizar" una competencia exclusiva de la Generalitat, como es la inspección educativa. "Vemos una obsesión por lo que ellos consideran adoctrinamiento, que es el desarrollo del currículum, que incluye el espíritu crítico, también sobre el 1-O", ha dicho. "Un problema es que nadie nos ha explicado cuándo acaba el 155 con una fecha clara".



Yolanda Hernández, presidenta de ServidorsCat -plataforma de trabajadores públicos de la Generalitat-, ha adelantado que algunas de las consecuencias no se ven todavía, sino que se empezarán a ver durante los meses que vienen, cuando quieran destinarse recursos a determinados proyectos, después de que se haya hecho un cierre anticipado de los presupuestos. También ha subrayado que hay proyectos normativos, como el proyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que no puedan ser ni aprobados ni publicados. La acción exterior y comercial también se ha paralizado con el cierre de las oficinas en el exterior.

Por otra parte, ha asegurado Hernández, los conflictos competenciales quedan eliminados: la Generalitat no puede presentar recurso cuando el Estado invade competencias exclusivas de la administración catalana. Ha puesto el ejemplo de la ley de voluntades digitales, suspendida cautelarmente por el TC el 25 de octubre. Ha denunciado la paralización de proyectos cultuales, como festivales de poesía que no se realizarán, y el cese de cargos eventuales y la disolución de organismos, que ha supuesto un movimiento importante de personal dentro de la administración.

El presidente de la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Catalunya, Àlex Casanovas, ha destacado la "incertidumbre e inseguridad" por el cobro de las subvenciones. "Se han paralizado muchos proyectos porque ni siquiera tenemos presupuestos prorrogados", ha afirmado. Según Casanovas, hay proyectos que han caído porque la gente que lo tiene que contratar a través de un programa no saben si acabarán recibiendo dinero. Se han anulado espectáculos de circo y teatro porque los programadores no saben si tendrán recursos. También hay una "duplicación burocrática": deben justificar las subvenciones ante el Estado.

"Hay mucha angustia: estamos hablando de dinero que han avanzado las asociaciones", ha recordado el presidente de la Asociación de Actores y Directores Profesionales. "Una vez haya un nuevo gobierno, pedimos que retiren el artículo 155 tan rápidamente como se ha activado", ha reclamado. "No sólo es el 155, sino también la intervención de las cuentas por parte del Estado".



En representación de LaFede-Organizaciones por la Justicia Global, Tono Albareda también ha destacado la incertidumbre: 13 entidades bajo el paraguas de LaFede tenían importes superiores al medio millón de euros pendientes de cobrar, y no ha sido hasta los últimos días que lo han hecho. De la misma manera, había 10 millones de euros para organizaciones de acción social que han sido liberados recientemente. "En algún caso incluso hoy", ha explicado. Algunas de estas ONGs se dedican a la salud o a la atención a los inmigrantes.

"Estas organizaciones de acción social empiezan a trabajar el 1 de enero, empiezan a hacer gasto al principio de año, y crea angustia que en septiembre u octubre no sepan si cobrarán". Albadera ha denunciado que el Estado español tiene tres crisis: la corrupción, la crisis social y la territorial. "Con la crisis territorial están escondiendo las otras dos, que no tienen previsto resolver", ha criticado.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha constatado que, más allá del "ataque a las instituciones y el autogobierno", el 155 "tiene repercusiones en el día a día, aunque hay quien se empeña en hacer ver que no pasa nada". Ha advertido que, en el mejor de los casos, se acabará aplicando en un escenario de tres o cuatro meses, "que tiene consecuencias que empezamos a notar ahora y que notaremos".