La aplicación fulminante del artículo 155 de la Constitución española contra el autogobierno catalán podría dejar una imagen insólita el próximo viernes en el Senado: el 128º presidente de la Generalitat, José Montilla, votando a favor del cese del 130º presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos sus consellers. Sin duda, no es el escenario deseado por el PSC, pero el acuerdo del PSOE con el PP puede abocarlos a ello.
El PSOE de Pedro Sánchez ha sido uno de los artífices de la concreción del 155, después de pactar las medidas a adoptar con el Gobierno de Mariano Rajoy. Como contrapartida, recibieron una vaga promesa de abrir el melón de la reforma constitucional, de la que todavía Rajoy ni ha hablado. El PSOE ha cerrado filas con el PP y Ciudadanos. Pero el PSC quiere evitar como sea esta posición incómoda. Sería muy difícil de vender a su electorado e incluso a sus alcaldes y concejales, que ya mostraron algunas discrepancias con la posición adoptada por el partido sobre el 1-O.
Esta vez el posicionamiento oficial del PSC es que se tiene que evitar que se tenga que llegar a votar el artículo 155, pero no ha manifestado todavía ninguna intención de romper con el PSOE en esta cuestión. La cúpula de Nicaragua insiste en que, durante estos días, el president Carles Puigdemont tiene dos opciones para evitar la suspensión total del autogobierno: convocar elecciones autonómicas antes de que entre en vigor o comparecer ante el Senado para ofrecer un pacto de estado por Catalunya. Así se lo transmitió Iceta a Puigdemont en una reunión secreta esta semana.
Pero un sector del PSC trabaja activamente contra el 155. Está liderado la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon. En su momento fue una de las defensoras de la ruptura de la disciplina de voto del PSC con el PSOE en la investidura de Rajoy. Este sábado, después del 155, junto con los también alcaldes socialistas de Terrassa, Jordi Ballart, de Granollers, Josep Mayoral, y de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, hizo público un manifiesto que instaba al PSC a "oponerse frontalmente a esta medida y no validar, en ningún caso, su puesta en marcha".
Unas horas más tarde, Parlon presentó su dimisión como miembro de la ejecutiva federal del PSOE. La alcaldesa de Santa Coloma era la única representante del socialismo catalán en la ejecutiva del nuevo PSOE de Pedro Sánchez. "El 155 no es la solución, amplifica la fractura emocional y territorial entre Catalunya y España", advertía.
En un partido con la implantación municipal del PSC, es justamente de aquí de donde llegan las principales discrepancias. Jordi Ballart amenazó con dimitir como alcalde de Terrassa y abandonar el partido si los socialistas daban apoyo. En Manresa, el secretario de organización ha anunciado este mismo domingo que dejaba el cargo, ante la incapacidad de defender el 155. La presión, sin embargo, también viene de fuera del partido: en Barcelona, Ada Colau se plantea revisar su acuerdo de gobierno con el PSC si estos acaban apoyando el 155. Además de la capital, también están en penden de un hilo muchos otros pactos municipales con el PDeCAT, ERC y los comuns.
Este mismo domingo, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM) han anunciado que promoverán que los ayuntamientos del país aprueben mociones de rechazo al 155. Este hecho puede volver a evidenciar las diferencias en el seno del PSC. Varios ayuntamientos socialistas ya aprobaron mociones de apoyo al referéndum antes del 1-O.
También se han pronunciado figuras históricas del partido, como el exconseller del segundo tripartit y exsenador Xavier Sabaté, que en un artículo en el Diari de Tarragona este domingo ha pedido a Pedro Sánchez y Miquel Iceta que consulten a la militancia sobre la aplicación del artículo 155. Según Sabaté, sería un "error de incalculables consecuencias durante décadas", porque supondría "liquidar las instituciones catalanas por las que tantas generaciones luchamos".
Otras voces socialistas históricas, como el exprimer secretario Raimon Obiols o la exdiputada Laia Bonet, han firmado una carta conjunta donde denuncian que "el gobierno del PP se propone intervenir, de forma absoluta y brutal, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, sobre la base de una interpretación abusiva de la norma", y piden tanto al PSOE como al PSC que se opongan.
La escisión soberanista del 2014 está bien presente. Los ecos de las divisiones del pasado, que parecían aparcadas tras las primarias del año pasado, vuelven a resonar. El primer secretario Miquel Iceta, que se ha mantenido en silencio desde antes del anuncio de Rajoy, se ha comprometido con los más críticos a trasladar sus preocupaciones a Pedro Sánchez. Si Puigdemont no acaba convocando elecciones antes como le pidió el mismo Iceta, gran parte del futuro del PSC estará en manos del expresidente Montilla, el único senador del PSC.