El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido a la Audiencia de Barcelona que cierre la nueva pieza sobre la injerencia rusa en el independentismo catalán, abierta por el juez del caso Volhov, y en la cual lo considera investigado de los delitos de malversación de fondos y de traición junto con 12 personas más, como el president en el exilio, Carles Puigdemont. En el escrito presentado este martes y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, Jordi Pina, abogado de Mas, afirma que con esta acción el juez Joaquín Aguirre ha cometido "un auténtico fraude procesal" y que la imputación de Mas es "absolutamente prospectiva", y repleta de "valoraciones políticas" y descalificaciones de Mas, hecho "impensable" en una resolución judicial. "Todos los delitos a los cuales se puede aplicar la figura de la traición en grado de conspiración exigen que haya un estado de guerra legalmente declarado", remacha Pina para desacreditar la hipótesis el juez, que admite que no sabe en qué tipo delictivo de traición encaja los hechos que quiere investigar, sin ninguna novedad descubierta. Por suerte —indica Pina— la reivindicación del independentismo catalán no ha llegado a este extremo.
En el recurso de apelación, el penalista se salta de presentarlo ante el mismo magistrado, y pide al órgano superior, la Audiencia de Barcelona —a la cual Pina sostiene que el juez ha desobedecido porque no ha cerrado el caso Volhov y ha abierto una nueva pieza con un subterfugio— que cierre esta investigación por falta de indicios. El abogado Gonzalo Boye también ha presentado el recurso ante la Audiencia de Barcelona, en nombre del director de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, y en su nombre, donde denuncia graves irregularidades del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Paralelamente, Pina y Boye sí que han pedido al juez Aguirre que aplique la amnistía del procés a Alay y Mas, en respuesta a la pregunta del magistrado.
La "burla" del juez Aguirre
En el escrito, Pina sostiene que el juez Aguirre “está burlando la resolución dictada por la Audiencia Provincial”, que le ordenó cerrar la investigación del caso Volhov, abierto el 2020, en no haber más diligencias pendientes y dejar todo lo que instruyó hasta agosto del 2023. El abogado de Mas precisa que el mismo magistrado Aguirre lo admite, y que en el caso Volhov ya investigaba una pieza de la supuesta trama rusa, que declaró secreta en enero pasado. Es decir, con los mismos indicios o “valoraciones políticas” ha abierto una nueva investigación. El penalista también recuerda que la pieza Catmon-Igman, del caso Diputación, en la cual el juez se escuda para seguir investigando la injerencia rusa, nada tiene que ver con estos vínculos, y que nunca ha sido investigado Artur Mas.
Pina es contundente contra la investigación porque asegura que se imputa a Mas "hechos falsos" y otros ya sentenciados como la consulta del 9-N o los gastos del 1-O y Exteriores, que ya revisa el Tribunal de Cuentas. El abogado añade: "En este sentido, parece más que razonable tildar la presente investigación de intromisión prospectiva, en cuanto que en la misma se han partido de iniciales hipótesis de sobremesa y auténticas conjeturas que no se sustentan por ningún indicio, más allá de las teorías de la conspiración que solo tienen cabida en el imaginario del instructor. El que, en palabras del Tribunal Supremo, no puede de ninguna forma permitirse dado que nos encontramos ante una investigación prospectiva encubierta en toda regla."
Errores sobre Mas y David Madí
En el escrito, Pina también expone que en su extensa resolución el magistrado Aguirre no detalla ningún gasto ilegal autorizado por Artur Mas, y, por tanto, no hay ningún delito de malversación que se le pueda imputar. Y recuerda que el president Mas abandonó cualquier condición de autoridad el mes de enero de 2016.
El abogado también aclara que no es cierto, como afirma el magistrado, que David Madí fuera jefe de gabinete de Mas hasta al 27 de septiembre de 2015. "Nunca fue jefe de gabinete, sino portavoz y secretario ejecutivo de comunicación y estrategia de CDC", además, añade que Madí dejó el mundo de la política en 2010, "tal como ampliamente se hicieron eco los medios de comunicación a finales de aquel año, no en 2015 como erróneamente menciona el instructor, y añade: "De nuevo, un dato tan fácilmente comprobable simplemente consultando fuentes abiertas tampoco es acertada."
La autoría mediata, un despropósito jurídico
Finalmente, el penalista Pina descalifica con argumentos jurídicos que el juez Aguirre impute a los presidents Mas y Puigdemont que tienen la responsabilidad de todo y porque habrían permitido los contactos de Víctor Terradellas, exresponsable de asuntos exteriores de CDC, y luego de Josep Lluís Alay, los dos también imputados, con supuestos dirigentes rusos. Es la figura jurídica denominada autor mediato, que precisamente el Tribunal Supremo usó para justificar la investigación a Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.
Pina manifiesta: “También supone un auténtico despropósito jurídico —con todos los respetos— que se considere al president Mas como autor mediado del comportamiento de personas como Víctor Terradellas o Josep Lluís Alay en hechos posteriores a 2016, cuando Mas ya no tenía sobre ellos ningún tipo de superioridad jerárquica, y olvidando —añade Pina— que la figura de la autoría mediata requiere que el autor directo haya actuado como un simple instrumento sin conocimiento o libertad respecto de su propia conducta, una situación que evidentemente no se daba ni en el caso de Terradellas ni tampoco de Alay, como se desprende de la misma resolución desde el momento en que decide atribuirles la condición de personas investigadas.”
Por todo ello, Jordi Pina solicita a la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que ordene al juez que cierre esta investigación "prospectiva" de la supuesta injerencia rusa.