El próximo lunes, 28 de marzo, se acaba el periodo de dos meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio por firme la sentencia que obliga a los centros aplicar un 25% de castellano en las aulas y que acaba con la inmersión lingüística, el modelo que se ha utilizado hasta ahora en la escuela catalana. Ahora, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya ha anunciado que reclamará ante la justicia que esta sentencia se aplique de manera forzosa desde el lunes mismo. En este sentido, adelantan que presentarán dos demandas diferentes: la primera, en nombre de la entidad, que cogió mucho peso el pasado mes de diciembre por la situación de la escuela Turó del Drac de Canet, y otra de conjunta de 1.200 familias en la que solicitarán la aplicación de la sentencia a todos los centros de Catalunya. Ahora bien, en primer término el TSJC tendrá que considerar la Asamblea por una Escuela Bilingüe una parte legitimada para hacerlo. En este sentido, hay que tener en cuenta que en este proceso judicial las dos únicas partes eran la Generalitat y el Gobierno.

Los datos del síndic

Mientras el AEB continúa con su cruzada para hacer aplicar el 25% de castellano, ayer, el Síndic de Greuges confirmó el arrinconamiento que sufre el catalán en las aulas. Si bien en los últimos meses la comunidad educativa ha puesto el grito en el cielo por la sentencia, la encuesta que ha presentado Rafael Ribó confirma que el castellano ya es la lengua vehicular a las escuelas catalanas con un 33%. Hay que desgranarlo: dentro de las aulas tiene una presencia del 22%, pero su presencia en el patio (43%) y en el comedor es tan elevada que el síndic manifiesta que el castellano "es la lengua vehicular en la escuela en un 33%". El catalán está por encima del 60%, pero el castellano gana terreno y es cada vez más vehicular. En este sentido, Ribó ha asegurado que si la sentencia del 25% se acaba aplicando, como exigirá Asociación, se superará con creces este porcentaje en las aulas. Hay que destacar otro dato del informe que revela que el uso del castellano como lengua vehicular es más habitual por los profesores donde hay un entorno mayoritariamente castellanohablante, y los profesores acostumbran a impartir más materias en catalán cuando el entorno es catalanohablante.

Ante estas cifras, la Asamblea por una Escuela Bilingüe salió rápidamente en las redes a denunciar que se trata de "propaganda" a favor de la inmersión, llegando a exigir a Ribó que deje su cargo, ya que ha "instrumentalizado" la sindicatura. A finales del 2021, poco después de que estallase el caso de la escuela de Canet y la AEB fuera la encargada de publicar la carta de la familia que exigía el 25% de las horas lectivas en castellano, la entidad llevó esta encuesta del síndic a la Fiscalía. Consideraban que era ilegal que se entregara al alumnado sin el permiso de los padres. Ahora, aseguran que es un desafío a los tribunales. Además, critican que el documento cuestione la sentencia de 25% del castellano y justifique la vulneración de los derechos individuales.

Una parte perjudicada

Ahora, el siguiente paso de esta entidad contraria a la inmersión lingüística es exigir que la sentencia se aplique a todos los centros educativos. Si la Generalitat no aplica esta ley, se podrá aplicar de manera forzosa si una de las partes lo requiere. El Gobierno lo puede obligar, aunque ha ido reiterando que las sentencias se tienen que cumplir en algunas ocasiones ha dejado caer que no tiene la intención de forzarlo. La voluntad de la AEB es que se la considere perjudicada por la no aplicación de la sentencia y poder pedir la aplicación forzosa.