La ANC y la Intersindical-CSC han convocado una asamblea abierta de funcionarios y trabajadores públicos el próximo 10 de julio a las 19 horas, según ha adelantado El Món a RAC1. El acto tendrá lugar en las cocheras de Sants, en Barcelona, y se ha invitado a también los partidos y entidades soberanistas. El objetivo es explicar cuáles son las condiciones imprescindibles para que la justicia española pueda condenar a un funcionario por desobediencia o prevaricación.
Para hacer frente a las presiones que pueden recibir a los funcionarios por parte del Estado español y ofrecer asesoramiento legal, la Intersindical-CSC y la ANC, crearon al principio de 2017 la campaña #jomhiapunto, que pretende informar sobre el papel de este colectivo en el proceso de independencia que vive Catalunya.
El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha explicado al mismo programa que "es un acto que quiere dar información por parte de aquellos que son juristas, aquellos que saben cómo funciona la administración, y que quieren traspasar esta información al conjunto de personas que pueden ver cierta desazón".
Según apunta Marc Sallas, portavoz de la Intersindical, los funcionarios no pueden ser acusados de desobediencia si no se niegan abiertamente a cumplir las órdenes de una autoridad directamente superior, para prevaricar tienen que haber emitido una resolución arbitraria, o para que los condenen por rebelión o sedición tienen que actuar con violencia.
Campaña en los diferentes departamentos
La Intersindical-CSC dio el 25 de enero el pistoletazo de salida a esta campaña con una asamblea informativa en el departament de Presidència abierta a todos los empleados y empleadas del centro y con la participación de miembros de la organización y de expertos en función pública vinculados a la ANC. Las posteriores sesiones tuvieron lugar en otros departamentos con el objetivo de trasladar estas dinámicas al máximo de centros de trabajo de la administración catalana, tanto nacional como local.
Aparte de estas asambleas, que buscan hacer campaña a favor de la república catalana y combatir el argumentario desplegado por el Estado, la campaña incluye el reparto de material explicativo sobre el papel de las trabajadoras y trabajadores públicos ante la independencia y la habilitación de un correo para resolver dudas y denunciar presiones o amenazas que estos reciban por parte del Estado o actores contrarios al derecho a la autodeterminación.
Según un estudio elaborado por el sindicato en base a las siete últimas encuestas del Centro de Estudios de Opinión, el porcentaje de trabajadores públicos favorables a la independencia se situaba a principios de año en casi un 52%.