La defensa legal de Cristina Álvarez, la asesora de la Moncloa que asiste a Begoña Gómez y que envió algunos correos electrónicos relacionados con la actividad privada y no pública de la esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido este lunes su imputación en el caso que investiga presuntos casos de corrupción por parte de la pareja de Pedro Sánchez. En un escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat, acusa a Juan Carlos Peinado, al juez que instruye el caso, de haberle tendido "una trampa": la citó a declarar como testigo (está entonces obligada a decir la verdad) y aprovechó de esta manera su declaración para añadirla a la lista de investigados.
El pasado 20 de diciembre, Álvarez confirmó cuando declaraba como testigo que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez. Explicó que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados. Este mismo mes de febrero, el magistrado dictó un auto en que acuerda imputarla. "Es imposible conocer qué hecho en concreto se le atribuye", denuncia el abogado de la asesora de Begoña Gómez. El letrado José María de Pablo sostiene que su testifical "no fue autoincriminatoria" y recuerda que "está prohibido valorar el contenido de una declaración en perjuicio del mismo testigo".
La representación de Álvarez apunta, además, que esta declaración fue anterior al 9 de enero, y ya fue tenida en cuenta en la provisión de este mismo día por la que el juez acordó no imputar a la asesora de Moncloa. Desde esta fecha, expone su defensa, únicamente se ha practicado la declaración del vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, que "solo aportó el dato" que Álvarez acompañaba a Gómez en algunas reuniones. "Este dato ya era conocido cuando se dictó la provisión que rechazó la imputación", critica en su escrito.
La imputación de Cristina Álvarez
A principios de febrero, Juan Carlos Peinado anunciaba la imputación de Cristina Álvarez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En la resolución por la que acordó imputarla, el magistrado señalaba que había indicios de participación en hechos que podrían ser constitutivos de estos delitos. "No existe ningún elemento indiciario que permita atribuirle haber solicitado o aceptado un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza en contraprestación para favorecer indebidamente a alguien más en la adquisición o venta de mercancías", apunta ahora su abogado. "¿Cuál es el beneficio o ventaja que según el instructor ha podido obtener u ofrecer mi representada? Resulta imposible adivinarlo", lamenta el abogado.