El conflicto entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno no hace nada más que escalar y todo parte de un protocolo antiabortista fantasma. No ha habido todavía ninguna comunicación oficial por parte del ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco sobre cuáles serían las medidas exactas para combatir las interrupciones del embarazo de las mujeres. No obstante, entre Madrid y Valladolid hay un cruce de mensajes constantes: ruedas de prensa, declaraciones institucionales, cartas y requerimientos.

Para entenderlo, hay que tener en cuenta que todo este conflicto empezó a través de unas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Carcía-Gallardo, de Vox. Afirmó que las mujeres castellanoleonesas que quisieran interrumpir su embarazo tendrían, a partir de ahora, que escuchar el latido del corazón del feto antes de proceder con el aborto. El PP no contradijo en ningún momento las declaraciones del vicepresidente ultraderechista, cosa que encendió las alarmas en La Moncloa.

Primer requerimiento

El Gobierno envió este domingo por la noche un requerimiento a la Junta de Castilla y León instándola a abstenerse de aprobar o aplicar ningún tipo de medida que "vulnere la actual normativa respecto de la interrupción voluntaria del embarazo". Y amenazaba con utilizar "todos los mecanismos del ordenamiento jurídico" si las coacciones a las mujeres que quieren abortar se hacen realidad. Hay que tener en cuenta que en aquel momento la única cosa que podía estar sobre la mesa eran las declaraciones de García-Gallardo.

Declaración institucional de Mañueco

¿Cuál fue la respuesta de Castilla y León? Una declaración institucional del presidente de la Junta. Mañueco dio marcha atrás —algunas informaciones apuntan que corrigió por presiones que habría recibido de Génova— y aseguró que no se obligaría "a nada" a las mujeres y a los profesionales de la salud de Castilla y León en torno al aborto. Admitió que escuchar el latido del feto sería una coacción a las embarazadas y insistió que no se vulnerarían derechos en su comunidad autónoma.

Segundo requerimiento de La Moncloa

El problema, sin embargo, es que Mañueco no negó que su ejecutivo se plantee medidas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, confirmó que se implementarían cambios respecto de esta cuestión en su territorio. Y eso es lo que asusta al gobierno presidido por Pedro Sánchez. Es por eso que este martes se ha enviado desde Madrid en dirección a Valladolid un requerimiento de incompetencia a Castilla y León como paso previo para recurrir al Tribunal Constitucional. Es decir, una maniobra para insistir al ejecutivo de Mañueco que no tiene competencias para tocar nada relacionado con los vientres de las mujeres y encender los motores de la vía judicial.

Carta de Mañueco al Gobierno

El requerimiento daba diez días a Mañueco para responder, pero el presidente castellanoleonés se ha apresurado y este mismo mediodía ya ha respondido al Gobierno por carta. En la misiva se asegura que "no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo". "Abandone los esfuerzos del gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y sus competencias", afirma el texto, que tilda todo este conflicto de "situación irreal" y "asunto inexistente".

 

 

Preparar un recurso para el Tribunal Constitucional

Aunque Mañueco da en esta carta por "aclaradas" todas las dudas relativas a la campaña antiabortista de su gobierno, La Moncloa no considera esta misiva una respuesta válida. "Hace falta una respuesta oficial", afirman a este diario fuentes del Gobierno. Asumiendo que existe la posibilidad de que, una vez desde Valladolid se responda al requerimiento del Gobierno de forma oficial, lleguen malas noticias desde la Junta, el ejecutivo de PSOE y Podemos ya afila sus cuchillos.

Fuentes del ejecutivo español afirman que ya han hecho los deberes y que conocen casos de jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional relativas al ámbito sanitario relacionadas con el País Vasco, y que en La Moncloa se tiene experiencia en presentar recursos ante el tribunal de garantías sobre aspectos relativos a la invasión de competencias a causa del Procés. Así pues, el Gobierno afirma que está preparado para presentar un recurso al Constitucional si considera que, efectivamente, se han invadido las competencias del ejecutivo central.