El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para automatizar a partir de ahora el reparto de menores extranjeros no acompañados a las distintas comunidades autónomas cada vez que llegue uno de nuevo en el estado español. Se trata de un acuerdo entre Junts y el Gobierno para que se tenga en cuenta el esfuerzo que ha realizado hasta ahora la Generalitat y la saturación que sufre Catalunya. La modificación establece que cualquier reparto tendrá que ser aprobado a partir de ahora de forma unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, compuesta por el Gobierno y por representantes de cada una de las autonomías. Si no se llega a ningún acuerdo, se han establecido los siguientes criterios y con sus respectivas ponderaciones para hacer los repartos: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo anterior (6%), dimensionado estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
Este martes, mientras se celebraba en el palacio de la Moncloa la rueda de prensa para informar sobre el acuerdo entre socialistas y juntaires, han circulado en algunos medios datos sobre cuántos menores tendrá que absorber cada comunidad con los nuevos parámetros, basándose en las últimas informaciones de las que dispone el Ministerio de Infancia y Juventud sobre cuántos menores acoge actualmente cada autonomía. Son del 31 de diciembre del 2023, según confirman a ElNacional.cat fuentes de este departamento. Pero el Gobierno advierte de que estos datos están desactualitzados y que, por lo tanto, las cifras solo pueden ser orientativas. La reforma aprobada este martes establece que todas las comunidades tendrán que enviar antes del día 31 de marzo al Gobierno certificados que acrediten el número exacto de menores que atienden actualmente. De forma que estas fuentes recuerdan que hasta aquella fecha las cifras sobre cuántos menores acogerá cada territorio no podrán ser definitivas.
Según los datos del ministerio de Juventud e infancia, Catalunya cerró el 2023 acogiendo 5.149 menores no acompañados. Madrid, en cambio, solo acogía a 1.584. Como que Catalunya es la comunidad que actualmente hace un esfuerzo más grande, le tocará ser el territorio que absorba menos menores. Cogiendo los datos de 2023 de este Ministerio, de los 4.400 que hay actualmente en las Islas Canarias, se quedaría solo 26. Madrid, en cambio, se quedaría 806 y Andalucía 796; dos comunidades muy pobladas que, no obstante, han absorbido siempre menos menores que Catalunya. El País Valencià se quedaría con 477, por delante de Galicia (326), Castilla y León (309), Castilla-La Mancha (291), Murcia (190), Cantabria (170), Extremadura (169), Navarra (164), La Rioja (154), Asturias (151), Euskadi (87), Aragón (64), las Islas Baleares (58) y Catalunya (26). Pero el Ministerio de Política Territorial y el de Juventud e infancia insisten: son meras proyecciones. A pesar de todo, el entorno de la ministra Sira Rego asegura que las aproximaciones de Junts (entre 20 y 30 para Catalunya y más de 700 para Madrid, según un comunicado de los independentistas) son correctos.
Según el Gobierno, la distribución se hará efectiva una vez se convalide el decreto ley en el Congreso de los Diputados (de aquí a unos 30 días) e irá acompañada de una compensación económica para las comunidades autónomas. El ejecutivo de Pedro Sánchez financiará las plazas de cada territorio que excedan su "capacidad ordinaria" con 100 millones de euros a repartir entre los territorios.
Dos pájaros de un tiro: reparto urgente y reforma de la ley de extranjería
Con el decreto ley aprobado este martes, el Gobierno mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, cumple con el reparto urgente de 4.400 menores que colapsan actualmente los servicios sociales de las Islas Canarias. Y consigue el apoyo de Junts per Catalunya a una reforma vía decreto del artículo 35 de la ley de extranjería, que garantiza un reparto automatizado de cara al futuro. Los socialistas ya intentaron reformar esta norma el pasado verano pero los independentistas lo tumbaron en el Congreso. Fuentes del Gobierno aseguran que tienen garantizado el apoyo de todos sus socios habituales en la cámara baja.
Posible conflicto con el PP
Para hacer efectivo este reparto, el Gobierno necesitará que el PP cumpla la ley y antes del día 31 de marzo las diferentes comunidades autónomas envíen a la Moncloa certificados sobre cuántos menores acogen. Pero Isabel Díaz Ayuso ya ha advertido que llevará este acuerdo PSOE-Junts a los tribunales. Y en el acuerdo entre el popular Carlos Mazón y Vox de este lunes para aprobar unos nuevos presupuestos valencianos está la promesa de no participar en nuevos repartos de menores inmigrantes.
El Gobierno no quiere adelantarse y este martes el ministro Ángel Víctor Torres no ha respondido a las preguntas sobre qué pasará si el PP incumple la ley. Ha enfatizado que tienen la obligación de cumplirla y ha opinado que aquellas comunidades que no envíen el certificado estarán demostrando que no están tan congestionadas como manifiestan. Paralelamente, fuentes del Ministerio de Juventud e infancia explican que, en caso de que el PP se niegue a entregar estos datos el 31 de marzo, utilizará los datos que tenía registrados en diciembre de 2023 sobre sus comunidades para diseñar el nuevo reparto.