La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar, el mes de diciembre pasado, a Álvaro Garcia Ortiz como fiscal general del Estado, ya que no lo considera idóneo para el cargo y cree que su nombramiento es contrario a la ley. Para APIF, García Ortiz "no es idóneo para ejercer, de acuerdo con la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la prefectura de todos los fiscales de España", por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, según ha indicado este viernes en una nota de prensa, en la que se remite a lo acordado en un congreso celebrado el 25 de noviembre de 2023. En la primera conclusión aprobada en dicho congreso, la APIF critica la designación como fiscal general del Estado a una persona "que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno" y a quien reprocha que "ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales, y faltando al respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias". El APIF añade en su comunicado que, "por si no fuera suficiente" García Ortiz fue "condenado por desviación de poder al Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: “¿La fiscalía de quién depende?
Anulación de nombramientos por desviación de poder
La asociación menciona la anulación de nombramientos de fiscales de sala por desviación de poder, como en el caso de Dolores Delgado García, su antecesora al cargo. También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, "se estrenó en el cargo decidiendo privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la proposición de ley de amnistía, lo que no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso contra el nombramiento del Fiscal General del Estado", dice el comunicado. El recurso contencioso-administrativo que ha presentado la asociación de fiscales va contra el Decreto de 27 de diciembre de 2023 (Real Decreto 1182/2023) por el que el gobierno español designó a Álvaro García Ortiz por el cargo.
El APIF hace énfasis en su recurso al hecho de que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en el artículo 29 que el candidato a fiscal general tiene que ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, para APIF. "Si bien podría haber concurrido" García Ortiz, la asociación considera que "decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad diferente de la establecida por el ordenamiento jurídico. Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley”.
El APIF subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, y por eso "no se puede trasladar a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que este queda dentro o en la órbita del Ejecutivo". Y apunta que coincide con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considerándolo no idóneo para el cargo.