La asociación de jueces y juezas Ágora Judicial se ha mostrado públicamente crítica con la actuación del juez Joaquín Aguirre. En un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter), esta asociación de juristas, que se define como un espacio de reflexión y de trabajo para la defensa de la legitimidad democrática del poder judicial, la tutela de los principios democráticos y de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, las condiciones profesionales y laborales de las personas que la integran, ha alertado sobre Aguirre.

"Siempre hemos alertado de la incompatibilidad entre la aplicación estratégica de la ley y el principio de legalidad", han indicado. Ágora Judicial se refiere a la decisión de Aguirre de abrir una pieza separada del caso Volhov, en este caso por delito de traición, que no está incluido en la amnistía, y malversación de fondos públicos. Aguirre investiga el expresident de la Generalitat Artur Mas, excargos de CDC como Elsa Artadi y Víctor Terradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el periodista Carles Porta, entre otros. Además, pide a la instancia judicial superior investigar al president en el exilio Puigdemont y al diputado Francesc de Dalmases, que son aforados.

La nueva pieza de investigación que ha abierto el juez Aguirre ha llevado a esta asociación de jueces a alertar de que "la apertura de piezas separadas tiene que responder al curso natural de la causa y de la investigación. No a otras finalidades".

Imparcialidad con la ley de amnistía

Precisamente hace unos días, la asociación Ágora Judicial, integrada mayoritariamente por jueces catalanes, denunció una "actitud impropia" de algunos magistrados y fiscales contra la ley de amnistía y reclamó al Poder Judicial que "se comporte como tal", "vuelva" al terreno de la legalidad y la separación de poderes y sea "imparcial" al aplicarla.

En un comunicado difundido en la red social X, este colectivo de jueces advirtió que, tras haber entrado en vigor, la ley de amnistía es de "obligado" cumplimiento. En este sentido, remarcó que "el solo hecho de que la opinión pública dude" de si los jueces la aplicarán "es un síntoma claro del déficit democrático que cierne sobre el Estado español".