La Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils denuncia el nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial de Carmen Lamela como magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que consideran "que no tiene méritos ni capacidades acreditadas para el cargo".

Denuncian que en el comunicado oficial que anunció su designación no se hablaba de su participación en la Causa Especial relativa a la "persecución y decreto de prisión provisional de los políticos catalanes favorables a la independencia". Lamela había sido la responsable de emitir las órdenes europeas de detención contra los investigados por el caso 1-O cuando era la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Además, remarcan los errores de aquellas órdenes de detención que por la "falta de competencia para la instrucción de la causa" y la "incorrecta emisión" tuvieron que ser retiradas a todos los efectos.

Con estos antecedentes, la asociación pone en duda que Lamela tenga "la calidad jurídica suficiente para llevar a cabo tan sólo las tareas de instrucción de causas complejas". En este sentido, la querella defiende que Lamela tiene "menos capacidad y méritos" que diversos de los magistrados y magistradas candidatos para el mismo cargo en el Supremo y denuncia la poca transparencia del proceso de nombramiento, ya que no se ha publicado una "comparación de méritos entre los dieciocho aspirantes".

También apuntan a vínculos entre la magistrada y el PP recordando que ocupó un sitio como asesora en un organismo público vinculado al Ministerio de Justicia durante el gobierno popular, concretamente en la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Eso, según la asociación de juristas, "acredita suficientemente la relación de la magistrada Lamela con intereses políticos".

La Asociación Atenas, fundada en marzo de este año, reúne juristas "comprometidos con la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y los colectivos de Catalunya".

 

Esta acusación forma parte de la ampliación de una querella ya presentada por "prevaricación continuada" contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y contra veinte magistrados de la Audiencia Nacional y del CGPJ.

Plaza "fraudulenta" para la hija de un juez del Supremo

En esta ampliación, también se ha incluido una denuncia por asignación "fraudulenta" de una plaza como fiscal para Sofía Marchena, hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, por parte de la Comisión Permanente del CGPJ.

Sofía Marchena habría empezado a formarse como jueza en la Escuela Judicial de Barcelona, una decisión que no tiene marcha atrás. Poco tiempo después, dejó los estudios a causa de una larga enfermedad durante un año. Al reincorporarse, no continuó los estudios de jueza sino que se le otorgó una plaza de fiscal "creada sólo para ella y que se suma en las 35 plazas ya creadas" en el Centro de Estudios Jurídicos, denuncian.

La querella resalta que esta "actuación irregular" habría sido "inducida" por la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, que firmó la propuesta de resolución en favor de Sofía Marchena. Recuerdan que Espinosa es la esposa de Pablo Llarena, el magistrado de la Sala Segunda del TS presidida por Manuel Marchena, padre de la alumna.