Otro contratiempo para el fiscal general del Estado. A Álvaro García Ortiz, que está cuestionado desde hace semanas al frente del Ministerio Fiscal, se le abre ahora un nuevo frente de oposición. La Asociación de Fiscales, la conservadora y mayoritaria de la carrera fiscal, ha anunciado que rompe con él y se levanta de la mesa de trabajo para elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En un comunicado, la asociación reprocha que, en entrevistas en medios de comunicación, el fiscal general haya “puesto en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales”, las haya “acusado de estar politizadas” y no haya “respetado el trabajo que realizan”.
Así pues, la Asociación de Fiscales señala las “graves e inaceptables insinuaciones recibidas” por parte del fiscal general “poniendo en duda” su profesionalidad e independencia y concluye que, a causa de esto, “se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos” para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de cara a la redacción de una Ley de Enjuiciamiento Criminal que deje en manos de los fiscales las causas penales.
El jueves pasado, el Álvaro García Ortiz, en una entrevista en el Hoy por Hoy de la Cadena SER, se pronunció sobre esta materia: “Yo no puedo decir que, en el ejercicio de su profesión, los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales y los que tienen determinados partidos políticos”. “Es una evidencia, no es una coincidencia, y se manifiestan públicamente”, añadió, aunque reconoció que no considera que esto “se traslade a sus decisiones”.
Reprobado por el Senado a instancias del PP y con la abstención de Junts y ERC
Estas declaraciones llegaron el día después de que el Senado aprobara una moción impulsada por el Partido Popular para “instar al Gobierno que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, proponga la destitución de forma inmediata de Álvaro García Ortiz”. La iniciativa recibió la abstención de Junts y ERC (al lado de la de Bildu y el PNV) y el rechazo del PSOE. Además, el Senado instó a la Moncloa a designar un nuevo fiscal general que “cumpla con los requisitos legales para su elección” y que “garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida”. “No parece que pueda merecer un juicio de idoneidad el nombramiento de un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia”, sostenía el texto. El motivo que esgrimían los populares era el “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” y su “intolerable conducta en el desempeño de su cargo”.
El Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática
El día anterior, el Tribunal Supremo había acordado anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La decisión la tomó la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de los recursos que presentaron la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que también era candidato al cargo. Los recurrentes sostenían que la decisión no fue válida porque Álvaro García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal para estudiar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad por el hecho de que su pareja, Baltasar Garzón (exjuez de la Audiencia Nacional), dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.