La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria a la carrera judicial, ha emitido un comunicado en que condena la amnistía para los encausados por el Procés, llegando a sostener que esta sería "el principio del fin de la democracia". "Se pretende dar un paso más y situarnos al principio del final de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho", critican en el comunicado.

La asociación lo considera "inaceptable e inasumible para una democracia plena". Sostienen que impulsar una norma ley de este tipo debilita el mismo Estado de Derecho. "Deslegitima el Estado de Derecho y el Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan a España por delitos políticos", sentencian. Desde el APM también se afirma que es una medida que "vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente sobre la base de la supuesta motivación política de sus actuaciones".

En el comunicado, se hace mención directa al proceso de negociación por el acuerdo de la ley de amnistía, afirmando que no quieren valorar si es ético: "No nos pronunciaremos sobre el hecho de que esta norma legal se ha pactado por el partido del Gobierno en funciones con los máximos responsables de estos delitos; no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos".

Reticencias desde el CGPJ

Ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la futura ley de amnistía. Los consejeros que han cursado la solicitud son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, muy nombrados a propuesta del Partido Popular.

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación, por lo que esta medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España," señala el texto que quieren impulsar estos ocho miembros.

 

Imagen principal: El Tribunal Supremo durante la abertura del año judicial. Fotografía: EFE