La asociación mayoritaria y conservadora de los jueces españoles, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha pedido este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las "descalificaciones" al poder judicial ante el goteo de revisiones de condenas de agresores sexuales a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', que rebaja las penas mínimas. En un comunicado, la asociación de magistrados ha rechazado las palabras de la ministra, que dijo que el problema no era su ley, sino la interpretación "machista" de los jueces, y soltó una batalla política. Más tarde, el minoritario Foro Judicial Independiente también se ha añadido a las peticiones de dimisión "para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad". El AMP ha pedido a la titular de Igualdad asumir "con honestidad" la posibilidad que la norma puede dar lugar a interpretaciones que pueden resolverse en favor de los presos y que, por eso, que su actitud es "totalmente reprobable por falsa y por injusta". La Asociación ha afirmado que es admisible la crítica a resoluciones judiciales, pero ven "recomendable" que si estas provienen de otro poder del Estado, como el mismo Ejecutivo español en el caso de la ministra, se hagan con "ponderación y la prudencia que demanda las más elementales normas de respeto institucional".
Comentarios "intolerables" e "inadmisibles" en democracia
La conservadora AMP ha exigido la "inmediata dimisión" de Irene Montero por sus comentarios "intolerables", "inadmisibles" en una democracia y "generalizadas" con respecto al poder judicial español, los cuales aseguran, además, que "se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país". Según su opinión, las palabras de la titular de Igualdad "devalúan los estándares de calidad democrática que por toda la UE reclama el valor estado de derecho". Afirman que la acusación sobre la existencia de un prejuicio contra las mujeres generalizar al poder judicial no tiene el más "mínimo rigor" ni apoyo real, aparte que resulta "ofensiva" y genera una alarma "innecesaria y devastadora" entre las víctimas de estos delitos.
LAsociación de Fiscales también ha criticado a este jueves las "intolerables" manifestaciones de cargos públicos como las de la ministra de Igualdad. La organización mayoritaria a la carrera fiscal exprés en un comunicado una "enérgica repulsa" y ve "de extrema gravedad" este "ataque injustificado al poder judicial por parte de quien ostenta cargos públicos en el gobierno u otras instituciones con la única finalidad de crear confusión en la ciudadanía". "Reconocer el error legislativo cometido sería un acto de responsabilidad política y de madurez democrática de la cual faltan", dice el comunicado.
Rechazo dentro del propio Gobierno
La Asociación ha defendido que los jueces del Estado están "firmemente comprometidos" con la protección de las víctimas y con las garantías de los que están sometidos a un proceso penal. Este compromiso, han asegurado, comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley aprobada, incluso la de aplicar las mejoras a favor de los condenados. La organización ha lamentado que las recientes palabras de Montero no son una excepción, sino que se suman a sus ataques "constantes" a jueces. Las críticas del APM se alinean con el rechazo que también ha hecho el Consejo General del Poder Judicial de las palabras de Montero, las cuales tildó de "ataques intolerables". Dentro de su propio gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a cambiar la ley, mientras que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha limitado a pedir respeto para las resoluciones judiciales.