El asalto a Catalunya Ràdio por parte de un grupo de manifestantes españolistas el 27 de octubre es una de las agresiones que recoge el informe sobre el ranking mundial de libertad de prensa que pública anualmente la ONG Reporteros Sin Fronteras, y que sitúa España en la posición número 31 del listado, dos puntos por debajo de la clasificación anterior por detrás de Sudáfrica, Cabo Verde o Liechtenstein.
El ataque a la emisora ejemplariza las agresiones que han recibido los periodistas, tanto de los medios de comunicación catalanes como de los medios de comunicación españoles. El informe explica que el acoso a los reporteros de cadenas más constitucionalistas pasa por propinarles un "prensa española, manipuladora", mientras que las amenazas a los profesionales catalanes llegan hasta el punto de causar "graves desperfectos" en las instalaciones de Catalunya Ràdio.
El informe asegura que ha sido "constante", el "estropicio de material, los desperfectos en unidades móviles y otros vehículos, las amenazas, y las evacuaciones por peligro de enardecimiento", durante los dos últimos meses del 2017, que serán recordados como "los peores meses de la libertad de información en Catalunya".
El informe explica que los periodistas han sido "víctimas colaterales" del conflicto entre el gobierno catalán y el español y que tanto la prensa independentista como la constitucionalista han recibido presiones por todos lados.
El texto asegura que un gran número de periodistas de medios no independentistas han sufrido "linchamientos" en las redes sociales, en ocasiones "impulsados por responsables de prensa del gobierno catalán".
También mantiene que varios periodistas sufrieron agresiones físicas por parte de la policía durante la cobertura del referéndum y que "multitudes furiosas" han puesto obstáculos en el trabajo de los reporteros, de canales españoles y catalanes. De hecho, un periodista de ElNacional.cat fue víctima de una agresión en la manifestación unionista del 27 de octubre cuando un asistente le dio una patada.
El informe mantiene que el último trimestre del 2017 fue "uno de los más negros de la historia democrática con respecto a la libertad de prensa" y que los hechos de aquellos meses, desde la aprobación de la ley de desconexión hasta la declaración unilateral de independencia, han situado a "los profesiones del medios en situaciones problemáticas e intolerables".
Se pone especial énfasis en "las intimidaciones", los insultos y los acosos que han recibido los periodistas en el ejercicio de su trabajo hasta el punto de crear "una atmósfera irrespirable" por la libertad de información en Catalunya.