El Gobierno ha aprobado recientemente una nueva legislación para detectar, monitorizar, analizar y denunciar las informaciones falsas. Eso, se precisa a la resolución publicada en el BOE, se lleva a cabo para garantizar que los ciudadanos reciban una información veraz.
Ahora bien, desde la oposición opinan que con la excusa de combatir las fake news se produce un ataque contra la democracia, que abre la puerta a controlar la información a la vez que atenta contra la pluralidad de los medios de comunicación. "(Pedro) Sánchez saca una orden para vigilar los medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación", remarcó recientemente el líder popular, a Pablo Casado, en su cuenta de Twitter.
Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 5, 2020
Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad
Pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa pic.twitter.com/9S2tPPXjmx
Información veraz
El artículo 20 de la Constitución observación que los ciudadanos tienen derecho a recibir una información veraz y, precisamente, en este aspecto es en el cual se acoge la nueva normativa. "El acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas", se resalta en la orden del BOE donde se defiende que eso tiene que servir para que los ciudadanos puedan formarse una opinión de varios asuntos políticos y sociales para participar tanto en debates públicos como en los procesos democráticos.
"Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con hasta interesados y espurios", se destaca en la normativa, publicada el 5 de noviembre.
Además, tal como se explica en ella, esta toma como punto de partida el plan de Acción contra la Desinformación del 2018 de la Unión Europea, que tiene como objetivo actuar contra las desinformaciones que atentan contra los valores democráticos europeos y que provienen de otros países. En este sentido, la ley contempla monotoritzar las fake news para analizar su origen, así como ofrecer una respuesta para mantener la ciudadanía informada.
Desinformaciones: vulneración de los derechos humanos
La investigadora del Cidob y también periodista Carme Colomina expone que las desinformaciones atentan contra derechos básicos como el de la salud, la libertad de expresión o el de recibir una información veraz para poder participar en procesos electorales.
En este sentido, pone de ejemplo que en el marco de la pandemia de coronavirus se han generado una infinidad de contenidos engañosos que pueden perjudicar a la salud de las personas porque va en contra de las recomendaciones de los especialistas. Precisamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 25 de abril que inyectarse desinfectando podía matar el coronavirus. El mismo día de la declaración, un centenar de personas ingresaron en el hospital porque, siguiendo los consejos de Trump, se habían introducido este producto en el cuerpo.
"Lo que ha hecho la desinformación es que tengamos una avalancha de información que nos dificulta discernir entre lo que es verdad y lo que es desinformación", precisa Colomina. Además, expone que los generadores o compradores de informaciones falsas tienen tres objetivos: generar un beneficio económico, marcar una agenda política y crear confusión para que el ciudadano no crea en nada.
La periodista e investigadora del Cidob, Carme Colomina / Cedida
Asimismo, otro de los problemas, tal como explica Colomina, es que, a través del rastro de datos que dejan a las personas en las redes sociales, se envía "una propaganda personalizada" a los usuarios de estas plataformas. Eso, precisa, las hace "más vulnerables" a la hora de detectar les informaciones falsas, tal como pasó durante el referéndum del Brexit o en las elecciones de los Estados Unidos del 2016, que llevaron a Trump a la presidencia.
Por otro lado, el periodista Marc Amorós, escritor del libro Fake News: La verdad de las noticias falsas (Plataforma Editorial) apunta que las desinformaciones se emplean como una "arma ideológica" para manipular a la sociedad, así como para librar batallas ideológicas y geopolíticas contra las democracias occidentales.
Coordinación europea
Tanto Colomina como Amorós relatan que la normativa aprobada por el Gobierno se enmarca dentro de un plan de la Unión Europea (UE) para combatir las desinformaciones. En aquest context, la investigadora del Cidob indica que desde Bruselas se persigue que, cuando un estado detecte una información o narrativa de desinformación, la comparta para ver si afecta, también, a otros lugares de Europa.
Ahora bien, pese a ello, Colomina alerta de que esta verificación de las informaciones se tiene que separar de la agenda de los gobiernos. Además, agrega que ya existen plataformas de verificación de datos, así como entidades de la sociedad civil o medios de comunicación que contrastan posibles desinformaciones.
Estados, generadores de noticias falsas
Per Amorós es "loable" que el Gobierno intente combatir las desinformaciones. "Prefiero un gobierno que intente luchar contra la desinformación a tener un gobierno que me desinforme", resalta Amorós. En este contexto, relata que esta normativa quiere combatir las desinformaciones que proceden de fuera del país para desestabilizar las democracias europeas. De hecho, Amorós cita un estudio de la Universidad de Oxford, el cual muestra que en el 2017 había un total de 28 Estados generando informaciones engañosas, una cifra que ahora se eleva a la setentena de gobiernos.
Ahora bien, también cree que el Gobierno se ha equivocado con esta normativa porque intenta combatir solo esta problemática. "La desinformación es un fenómeno que no sólo afecte al periodismo o al gobierno, sino que nos afecta en todos", destaca. Por eso, defiende que se tendría que haber creado una mesa multidisciplinar en la cual se hubiera invitado al resto de partidos políticos, instituciones, a agentes implicados como el sector periodístico, así como entidades cívicas y sociales.
El periodista Marc Amorós y escritor del libro 'Fake News: La verdad de las noticias falsas' (Plataforma Editorial) / Cedida
En este sentido, ha puesto el ejemplo de Uruguay donde en abril del 2019 todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo en el cual se comprometieron no utilizar las fakes news y las desinformaciones como un arma política durante la campaña electoral.
Otro de los peligros que puede incurrir la legislación, según Amorós, es que sea el Gobierno el que dictamine lo que es desinformación y el que no. "Una noticia falsa no es una información que no dice lo que tú no quieres. Eso es una lógica Trumpiana que es tramposa. Una noticia falsa es una mentira, aunque diga lo que tú quieres que diga", especifica al periodista.
Con todo, ante las críticas de la oposición, Amorós es claro: "Defender la buena información y atacar la desinformación, nunca puede ser un ataque a la democracia". Además, matiza, que "atacar la verdad nunca tendría que ser considerado como libertad de expresión".
Criminalización de Internet
Por su parte, la activista Simona Levi, coordinadora del libro #FakeYou (Rayo Verde), expone que la ley no aporta nada de nuevo, sino que pone de patente lo que ya se estaba realizando. Ahora bien, desde su punto de vista, sirve para construir una narrativa que criminaliza Internet para reducir derechos adquiridos como la libertad de expresión. "Las fake news son utilizadas como excusa para aumentar la narrativa que necesitamos más control", señala Levi, pero argumenta que la situación que se vive actualmente no es nueva.
En este sentido, la legislación pone el acento que el Ejecutivo puede pedir la colaboración de aquellas organizaciones o personas que considere oportunas para luchar contra la desinformación como pueden ser los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. "Eso se hizo exactamente igual con la aparición de la imprenta: aliarse con los impresores para evitar la publicación de información contraria a los diversos poderes hegemónicos", resalta Levi.
El activista Simona Levi, que también es coordinadora del libro #FakeYou (Rayo|Chorro Verde) / cedida
Además, remarca que los principales inversores de noticias falsas son los partidos políticos y los gobiernos, es decir, son los que pagan para que se creen. Por eso, explica que, si realmente se quiere combatir la desinformación, se tiene que perseguir en aquellos que destinan dinero en que se genere este tipo de contenido, en lugar de monitorar o analizar su origen. "Nuestra metodología es Follow the Money" - enfatiza Levi, que relata que eso implica que se tiene que seguir el rastro del dinero por detectar quien son los que destinan recursos en comprar noticias falsas y quien cobra para fabricarlas.
Por eso, defiende que "para luchar contra las fake news se tiene que controlar a los grandes inversores de desinformaciones que son, básicamente, los partidos políticos y las instituciones, que cuelgan de los partidos políticos. No tienen que ser ellos quienes controlen la circulación de la información, sino que tenemos que ser la ciudadanía quien controla los poderes. Eso es la democracia, no el revés".
Asimismo, exige: "Dejad en paz la libertad de expresión, de revisar contenidos, de poner policía. Quien sólo hace negocio con la desinformación tiene que cerrar su negocio y hacer negocio con información verificada", defiende Levi.
Educar la ciudadanía
Finalmente, tanto Colomina como Amorós argumentan que la base para contrarrestar las desinformaciones es educar a la ciudadanía para que aprenda a diferenciar aquellos contenidos que son verídicos de los que no. "La propaganda cada vez es más sofisticada y cuesta discernir entre los contenidos falsos y los que, no" manifiesta Colomina, que agrega que la estrategia "más efectiva" es formar a la sociedad para que sea capaz de "tener una lectura más crítica delante de lo que lee para ver si es verosímil o no".
Por su parte, Amorós apunta que para combatir las desinformaciones hay varios factores. Primero de todo se requiere "de un buen periodismo" y una independencia informativa que "ayuden a controlar la difusión de mentiras". Además, cree inevitable que las plataformas tecnológicas como las redes sociales, que son las que facilitan "este nuevo entorno digital" por donde corren las desinformaciones, también se tienen que sumar en la lucha contra estos contenidos engañosos. También pasa para que los gobiernos impulsen planes en contra de la desinformación, "pero no pueden ser injerentes con las líneas editoriales" de los medios de comunicación.
"Después, otro que tiene que ser a largo plazo, es la educación. Se tiene que educar a la gente sobre que se informa en un nuevo entorno y sistema informativo donde la mentira circula con libertad, impunidad, en el mismo escaparate que la verdad," concluye Amorós.