La batería de informes anónimos que salpicaban pruebas falsas para desacreditar a los políticos independentistas se iniciaron el 12 de septiembre de 2012 por parte de veteranos comisarios de la policía española bajo las órdenes del Gobierno, liderado por el PP. Las acusaciones sobre corrupción, iban dirigidas tanto a políticos independentistas como a editores de diarios, a jueces y a fiscales de Catalunya. Con esta se pone en marcha la primera de las seis operaciones hasta ahora conocidas, que diseñaron estos policías contra dirigentes independentistas entre 2012 y 2018, mientras el PP lideraba el Gobierno, según informa El País. El excomisario José Manuel Villarejo se encargó de registrar todas estas acciones ilegales. Ahora, la llamada Operación Catalunya será investigada por la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, por la Fiscalía Anticorrupción y en el Congreso.
Las maniobras ilegales con el fin de desprestigiar a los políticos independentistas empezó el día siguiente de la multitudinaria Diada del 11 de septiembre del 2012. A partir de esta fecha, y hasta la celebración del referéndum el 1 de octubre de 2017, el gobierno de Mariano Rajoy ejecutó hasta media docena de operaciones secretas contra líderes independentistas. La estrategia de Rajoy era secundarse en los tribunales para tratar de frenar la corriente independentista. El referéndum del año 2014, se celebró sin oposición por parte del Gobierno, según lo que se ha oído en uno de los miles de audios filtrados por Villarejo, el excomisario consideraba que hacía falta una acción policial más dura contra "los hijos de puta de los catalanes".
2012: primer informe
Artur Mas convocó unas elecciones anticipadas para promover el desafío independentista. El 12 de noviembre de 2012, solo unos días antes de estas elecciones, el excomisario Villarejo se encontró con el empresario Javier de la Rosa, para tratar de obtener información para diseñar una causa contra los dirigentes independentistas. "Hay un gran interés en el partido", le dice Villarejo. "Porque esta gente ha roto las reglas del juego unilateralmente, gratuitamente, y a pesar de tener unos acuerdos que están para cumplirse, no para romperse. Todo el mundo está muy enfadado (...) y se está dispuesto a radicalizar posturas en función de la radicalización de posturas del otro lado". Solo tres días después de esta reunión, Villarejo se encuentra con el jefe del gabinete del ministro del interior, Francisco Martínez, para explicarle los planes contra el independentismo. Martínez aprueba esta medida y entre los dos preparan una trampa contra el clan Pujol en Suiza, después de que El Mundo publicara un informe policial donde se acusa Pujol de ocultar una fortuna al banco Lombard Odier. Tres días después de aquella conversación, El Mundo publicó un informe bajo el título "Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la policía", que finalmente resultó falsa toda la información.
La segunda operación de desprestigio se produjo por las mismas fechas. En este caso, se utilizó a El País, donde llegaron cinco informes policiales anónimos con denuncias falsas. Villarejo y la policía patriótica pusieron en circulación cinco informes anónimos sin sello ni firma titulados "sumario palacio", fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2012. En este caso, El País analizó los datos y publicó los documentos, destacando la falsedad de los informes y denunciando así una operación policial ilegal.
Los expresidents Mas y Pujol fueron el objetivo de la tercera operación ilegal. En esta ocasión eran denuncias prefabricadas. Después de la polémica que generó el informe policial sobre líderes independentistas, que nunca fue asumido por ningún departamento de Interior, Villarejo amenazó sus superiores con explicar los cuales estaba detrás de aquellas maniobras si no le permitían llevar a los juzgados dos denuncias prefabricadas contra el clan Pujol y el expresident Mas. En otra de las grabaciones de Villarejo se siente como avisaba de que había dejado pruebas por si lo detenían, se cayera todo el mundo con él.
Ataque contra jueces
La policía patriótica dio un paso más allá, y filtró las fotografías del DNI de 22 jueces favorables a la consulta en Catalunya y los facilitó a La Razón. Se abrió una causa judicial por esta acción y asustó a la cúpula policial, que en una de sus reuniones trató el tema. Finalmente, el caso quedó archivado dos años más tarde sin que el juez encontrara al autor de la filtración.
En la que se determina como la quinta operación secreta, los Pujol vuelven a ocupar el foco. Villarejo y Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, decidieron la estrategia que seguirían para destapar la fortuna oculta de Jordi Pujol y las cuentas de otros 4.000 catalanes. Valiéndose de maniobras de extorsión policial al banco de Andorra, el BPA entregó un documento que confirmaba el fraude fiscal de los Pujol. El gobierno del PP filtró estos datos en El Mundo, finalmente, tanto el BPA como su filial española, Banco Madrid, fueron intervenidos. Años más tarde, los inspectores del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España negaron que el BPA tuviera una estructura para blanquear capitales.
La última de las operaciones de desprestigio de las cloacas del Estado fue en contra de Xavier Trias. El entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió al cabo de antifraude en su despacho el otoño de 2014 para hablar sobre la presunta corrupción de los dirigentes independentistas. Fernández Díaz era conocedor de que sus policías tenían una información de una cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. También decidió filtrar la información en el diario El Mundo. En este caso también resultó falsa esta información.