“Se podrá discrepar de la oportunidad del compromiso, pero lo que no se puede ahora discutir es que ese compromiso existe y que, como consecuencia del mismo, tiene perfecto derecho y legitimidad para presentar esta iniciativa, cosa no poco importante para quienes pensamos que los acuerdos están para ser respetados y los compromisos para ser cumplidos”. Así defendió el PP el 16 de septiembre de 1997 la ley que acabó permitiendo transferir las competencias en tráfico a la Generalitat de Catalunya. Hacía casi un año y medio que Jordi Pujol y José María Aznar habían firmado el Pacto del Majestic que llevó a los populares a la Moncloa por primera vez, y la Cámara Baja avaló por unanimidad tramitar la ley que habían acordado ambas formaciones. Era una ley circunscrita únicamente a Catalunya y que respondía exclusivamente a un compromiso para permitir la investidura de Aznar. Ahora, 28 años después, el PP se atraganta con su hemeroteca a la hora de desacreditar la ley acordada entre Junts y el PSOE para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat.
“Transfiere competencias exclusivas del Estado a una comunidad autónoma para satisfacer única y exclusivamente las exigencias del independentismo. […] No responde a la defensa del interés general de nuestro país, sino que solo responde al interés particular y personal de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder algún tiempo más”, denunció el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ayer desde Bruselas. Sin embargo, esto colisiona frontalmente con el principal argumento que esgrimió el diputado Manuel Seco Gordillo en aquel lejano pleno del Congreso de finales del siglo XX. “Permítanme que les recuerde la razón política que la sustenta. Encuentra su origen en algo que es público y conocido por todos: los acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos entre el Partido Popular y Convergència i Unió”. Concretamente, el Pacto del Majestic recogía la “voluntad política” del PP de poder “avanzar en el estudio y la negociación correspondiente para que la Generalitat asuma las competencias en materia de tráfico en el contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán”.
“Cualquier manifestación de sorpresa ante esta iniciativa que pudieran hacer otros grupos podría considerarse fuera de lugar por desmemoriada y, del mismo modo, cualquier crítica de oportunidad política a la misma podría considerarse fuera de lugar por pertenecer al ámbito estricto de la autonomía de la voluntad de este grupo parlamentario, la fijación de sus objetivos políticos y la ejecución de los actos necesarios para lograrlos”, añadió Manuel Seco Gordillo. Ahora, la delegación de las competencias en inmigración se remonta al acuerdo que firmaron Junts y el PSOE el 10 de enero de 2024 para que los juntaires avalaran los tres primeros decretos de la legislatura.
El PP defendió que los agentes de Guardia Civil son personas “en cierto modo desarraigadas”
En 1997, la ley registrada por el PP y CiU solo recibió dos enmiendas. Una de ellas fue promovida por el PSOE para que los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinados en Catalunya que desearan “incorporarse” a la División Central de Tráfico de la Policía de la Generalitat pudieran participar en “igualdad de condiciones con el resto de los participantes” en los concursos que se convoquen por la Generalitat (el gobierno catalán estableció un cupo del 15% para ellos). Además, durante el debate en la Comisión Constitucional, el diputado socialista Pere Jover i Presa manifestó su preocupación por el “problema humano” de las familias de los agentes de la Guardia Civil, que “viven en Catalunya desde hace muchos años, que están prestando sus servicios allí y que posiblemente tendrán que abandonar sus casas, sus allegados y sus amigos e irse a otros lugares”.
El PP se opuso a la enmienda del PSOE. En la Comisión, el diputado Manuel Seco Gordillo verbalizó su comprensión, pero quitó hierro a la problemática: “[El PP] comprende el problema, lo comparte y se solidariza con aquellos guardias civiles afectados, pero comprende que la propia naturaleza de un cuerpo como el de la Guardia Civil está sujeto a unas condiciones de movilidad y de traspaso que hacen de sus miembros personas en cierto modo desarraigadas, en la medida en que siempre están sujetas a los cambios de destino”. En relación con la modificación de los concursos que tenía que impulsar la Generalitat, rechazó añadir ninguna cláusula, dado que “pretender determinar la composición, contenido y desarrollo” de los Mossos supondría “injerir en el ámbito propio de las competencias exclusivas de la Generalitat”.
La misma argumentación reiteró el diputado Sergio Gómez-Alba Ruiz durante el último debate en pleno: “Pediría que no jueguen con los sentimientos de las personas para hacer política. Nosotros también pensamos en las personas. ¡Cómo no vamos a tener presente a esos hombres que constituyen uno de los grupos de ciudadanos más ejemplares y beneméritos que tiene España!”. Y añadió que los agentes de Guardia Civil que “no se integren en los Mossos” no se “diluirían en el éter sideral”, sino que seguirían “poniendo sus reconocidas aptitudes al servicio del pueblo español, al igual que lo han venido haciendo para los catalanes”.
El PP acusa a Sánchez de “burlar los controles” con el mismo mecanismo que usó Aznar
Otra de las críticas que ha lanzado el PP a la iniciativa pactada entre Junts y el PSOE es el hecho de que la norma se haya registrado al Congreso de los Diputados como proposición de ley y no como proyecto de ley. Las proposiciones de ley son las que presentan los grupos parlamentarios (en este caso, el Socialista y el de Junts), mientras que los proyectos de ley son potestad del Consejo de Ministros. “Lo presentan como proposición y no lo presenta el Gobierno como proyecto de ley para evitarse informes vinculantes del Consejo de Estado y de otros organismos y para burlar una serie de controles”, criticó Miguel Tellado.
En concreto, la Ley Orgánica del Consejo de Estado estipula (desde su redactado primigenio de 1980) que el Consejo de Estado, que es el órgano consultivo supremo del Gobierno, “deberá ser consultado” en los anteproyectos de ley orgánica de “transferencias o delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas”. Por lo tanto, tramitar la nueva ley en forma de proposición de ley ahorra al PSOE haber de pedir un pronunciamiento jurídico al Consejo de Estado, cosa que podría cuestionar algunos de los preceptos o podría retrasar su tramitación. Ahora bien, la ley que dio lugar a la transferencia de competencias en tráfico en 1997 también se registró como proposición de ley y fue presentada tanto por el PP como por CiU. Aznar utilizó el mismo método que ahora el PP desaprueba.
El artículo 150.2 ha servido para ampliar las competencias de Canarias, el País Valencià y las Baleares
“Es bastante curioso que haya que transferirlas a una comunidad autónoma y no a otras”, lamentó ayer Miguel Tellado. Sin embargo, no es la primera vez que el artículo 150.2 se usa para fortalecer las competencias de un gobierno autonómico en concreto. De hecho, las dos primeras veces que se hizo fue con ese propósito. El presidente del Gobierno era Leopoldo Calvo-Sotelo y la Moncloa llevó a cabo esta vía para igualar desde el principio a las Islas Canarias y al País Valencià con las llamadas comunidades de primer grado, las que consiguieron la autonomía por la vía rápida (el País Vasco, Catalunya, Galicia y Andalucía). A las Canarias y al País Valencià se les transfirieron, entre otras, las competencias exclusivas en agricultura, ganadería e industria, las competencias para legislar y executar en educación, medios de comunicación, salud, medio ambiente y seguridad social y las competencias para ejecutar en ámbitos como los museos, los archivos, el salvamento marítimo, los productos farmacéuticos y los puertos y aeropuertos de interés general. Más tarde, en 1996, se transfirió a las Illes Balears la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de comercio interior.
Por otro lado, el artículo 150.2 fue utilizado en el marco del Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Moncloa, para ampliar las competencias de las comunidades que accedieron a la autonomía a través de la vía lenta (que culminaría en 1994 con las correspondientes reformas de los Estatutos). Previamente, en 1987 también se les habían delegado las facultades en materia de transporte por carretera y por cable. Posteriormente, ya bajo la presidencia de José María Aznar, se añadió a Galicia a esta transferencia de competencias.