La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí se ha mostrado indignada en su podcast, con la actuación del Govern y especialmente de la conselleria de Educació a raíz de las sentencias que cuestionan la inmersión lingüística. Ponsatí ha asegurado que la Generalitat no actúa en defensa de los afectados, por inacción. "¿Qué les dice el Govern de la Generalitat a los maestros y a las familias agredidos? Que se apañen. Que el departament d'Educació es incapaz de defender el derecho a ser educados en catalán. Y se apuntan a la manifestación de las entidades de siempre, que les ponen en bandeja blanquear su sumisión al dictado de España. Y montan una cumbre para diluir responsabilidades, y aparentar que ahora sí harán esfuerzos", se ha quejado.
Según Ponsatí, es ilusorio poner ahora la inspección a vigilar que se cumpla la inmersión lingüística escolar, tal como anunció el president Pere Aragonès. "La inspección es un cuerpo funcionarial español que no ha estado nunca preocupado por asegurar la inmersión, y nada hace pensar que ahora se preocupará de ello", ha afirmado.
Según la consellera en el exilio, las sentencias judiciales "han dado la estocada al modelo de inmersión que ya hace mucho tiempo que hacía aguas", en el sentido de que no se cumplía en muchas localidades.
Ponsatí ha conversado en el podcast con la jurista Teresa Rosell, que afirma que ha habido una fractura a partir de la sentencia del TC contra el Estatut del 2010, que ahora provoca resoluciones "en cascada" para imponer el castellano.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado este jueves el proyecto lingüístico de la escuela Vora del Mar de Cubelles (Garraf) y ha establecido el 25% de los contenidos en castellano en un solo curso. Así, el tribunal ha decidido este jueves estimar parcialmente el recurso presentado por una familia. Tal como se ha hecho público, el TSJC ha argumentado que el proyecto lingüístico del centro "no contempla el carácter vehicular del castellano como lengua oficial conjuntamente con el catalán", y por eso ha fijado el mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano, tal como ya lo hizo anteriormente en otros colegios, el último en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme).
En la sentencia hecha pública este jueves, el tribunal ha reconocido el derecho de los alumnos a recibir, durante la enseñanza obligatoria y en los grupos de los que forme parte, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular en proporción razonable, que, tal como avaló el Tribunal Supremo, ha quedado fijado en un mínimo de 25%. La familia hizo la reclamación judicial después de que el Departament d'Educació desestimara en primer término la petición en noviembre del 2019. En la demanda judicial, presentada el 14 de julio de este año, reclamaban que se declarara el derecho de su hijo a ser escolarizado en catalán y castellano en proporción equivalente. También pidieron que en caso de que la administración acreditara las circunstancias sociolingüísticas en favor del catalán, que se estableciera una proporción diferente y con una presencia mínima del castellano del 25%. Por último, pidieron la nulidad de todo el proyecto lingüístico de la escuela, poniendo como ejemplo la decisión anterior en un centro de Llagostera.