La Audiencia Provincial de Barcelona ha comunicado este lunes la decisión de amnistiar al director de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en la causa abierta contra él por el viaje a Nueva Caledonia. El tribunal considera que no ha habido beneficio personal de carácter patrimonial en la acusación de malversación que se atribuía a Alay y ha declarado el sobreseimiento libre de las actuaciones en aplicación de la ley de amnistía, así como la extinción de la responsabilidad civil derivada de aquel caso. El juicio se había aplazado hasta el mes de septiembre y la Fiscalía pedía tres años de cárcel y 17 de inhabilitación.

El director de la Oficina de Puigdemont fue acusado de pagar con fondos públicos un viaje a Nueva Caledonia en calidad de observador en 2018, en el marco del referéndum de autodeterminación que ahí se celebró. El fiscal argumentó que esta visita era "ajena a sus funciones", por lo que le acusó de malversación de dinero público y prevaricación, además reclamó una indemnización a la Generalitat por los 4.732 euros que costó el viaje.

No existe beneficio personal

A diferencia del Supremo, que se ha negado a aplicar la amnistía al delito de malversación, la Audiencia de Barcelona se remite a la decisión del TSJC de aplicar la amnistía al conseller Miquel Buch y al mosso Lluís Escolà, al considerar que la malversación que se le atribuye no ha tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

La Audiencia valora que aquellos hechos están vinculados "directa o indirectamente" tanto al procés independentista catalán como a su líder, por lo cual tienen encaje en la ley de amnistía, dado que "fueron realizados por quien en aquel momento, de forma manifiesta y constatada, llevaba a cabo funciones de asistencia, colaboración, asesoramiento y representación en cuanto a responsable de su oficina".

La causa de Nueva Caledonia no es la única que tenía abierta el director de la Oficina de Carles Puigdemont. Alay, que el pasado mes de febrero sufrió una grave hemorragia cerebral por la que tuvo que ser intervenido de urgencia, está siendo investigado también por el caso Volhov y la supuesta trama rusa del procés.

Desmiente al Supremo

El abogado de Josep Lluís Alay y de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha subrayado el hecho de que la Audiencia se posicione en el mismo sentido que el TSJC y discrepe del Tribunal Supremo en cuanto a la interpretación de la malversación. El juez instructor del Supremo Pablo Llarena rechazó aplicar la amnistía al president en el exilio con el argumento de que en la malversación con el objetivo de celebrar el referéndum existió un propósito de beneficio personal de carácter patrimonial y afectó a los intereses financieros de la UE, dos de las excepciones previstas en la ley de amnistía.