Sorpresa. La Audiencia de Barcelona ha admitido que a uno de los siete manifestantes de la protesta a favor del president Puigdemont, en el parque de la Ciutadella, el 30 de enero de 2018, se le ha vulnerado el derecho de defensa durante la investigación y ha acordado este martes por la tarde que abandone el juicio. Se trata de José Antonio Valverde, a quien la Fiscalía pide la pena más alta por los altercados registrados a las puertas del Parlament: cuatro años de prisión por el delito de desórdenes públicos y dos delitos de atentado contra la autoridad. El abogado del manifestante, Carlos Hurtado, ha indicado en la vista que esta investigación se acumuló con otra y que no se le comunicó, perjudicándolo, ya que inicialmente la Fiscalía solo lo acusaba por un delito de desórdenes públicos. Las abogadas de otros dos manifestantes, Guillem y Sergi, Montserrat Salvador y Clàudia Sànchez, también han denunciado esta indefensión, pero el tribunal de la sección 5.ª, presidía por el magistrado José Maria Assalit, ha indicado que analizará si no hay una acusación clara contra ellos durante el juicio. Assalit ha invitado a Valverde a marcharse del juicio o a quedarse en la sala como público, en reanudarse el juicio por la tarde. Su causa volverá al juzgado de instrucción. El tribunal ha permitido que los ahora seis acusados declaren al final del juicio, previsto para el próximo día 30 de noviembre, y ha admitido que declare como testigo Josep Costa, entonces vicepresidente de la Mesa del Parlament.
Este juicio contra siete activistas se aplazó ahora hace un año, cuando la Generalitat se retiró como acusación, y la Audiencia de Barcelona dio tiempo a los agentes de los Mossos heridos para personarse. El resultado ha sido que se han personado un total de 10 agentes que resultaron heridos: 4 de los 5 incluidos en el escrito de la Fiscalía y 6 agentes más que tienen atestados de haber sufrido lesiones leves, pero que la Generalitat no les ofreció acciones porque no quedaba claro quién los hirió, según las defensas de los manifestantes. Dos de los abogados defensores de Alerta Solidaria, Xavier Monge, David Aranda, han insistido al tribunal en que estos 6 agentes no se podían personar como acusación particular, y como mucho lo habían de hacer como acusación popular. Al final, el tribunal los ha admitido y ha indicado que en sentencia resolverá el fondo. La fiscalía pide para cada uno de los seis acusados tres años de prisión: dos años por desórdenes públicos y un año por atentado contra la autoridad. También solicita que los acusados indemnicen cuatro agentes con 80 euros por lesiones leves, y a uno de ellos, con 200 euros.
Una lista de vulneración de derechos
El juicio de este martes es una clara muestra de los efectos negativos que ha provocado el acuerdo del Govern y la CUP de retirarse como acusación a manifestantes si las lesiones a agentes de los Mossos no son claras con respecto a su autoría. En este caso, los Mossos, ejerciendo su derecho, han escogido la representación de abogados particulares, aunque en este momento procesal no pueden pedir más pena que la solicitada por la Fiscalía o la Generalitat. El abogado José Antonio Bitos, que representa causas del sindicato Uspac, representa a un agente herido y en la vista ha insistido en que en este procedimiento "no ha habido ninguna irregularidad" con respecto a la instrucción y que solo se ha producido un cambio de letrados. Una abogada del despacho de José María Fuster-Fabra, que representa el sindicato SPC, representa 7 agentes; y un tercer abogado, Xavier Todó, a dos agentes.
En el primer día de la vista, las cuestiones previas han ocupado toda la jornada de la mañana y por la tarde se han iniciado el interrogatorio de los testigos, los primeros agentes de los Mossos que participaron en el dispositivo policial en el parc de la Ciutadella. El primer testigo ha indicado que había dos convocatorias opuestas: una a favor del presidente Puigdemont y otra en contra.
En la sesión de la mañana, las defensas también han pedido que se anulen los vídeos aportados por Mossos a la causa, ya que han sostenido que se aportó al juzgado sin indicar el autor. En este sentido, David Aranda ha insistido en que el Departament de Interior permitió la grabación de la manifestación en el parque de la Ciutadella "de forma preventiva" y sin que se hubiera producido ninguno incidente y sin permiso. Bitos, por el contrario, ha indicado que lo permite la ley. Y, en el interrogatorio de los testigos, el entonces subjefe de la Comisaria General de Información de los Mossos ha explicado que las unidades de los Mossos siempre llevan cámaras encima y cuando se producen incidentes, se solicita el permiso para gravar a la dirección de Mossos (Cecor) permite la grabación, como se hizo el 30 de enero de 2018, y que posteriormente se da cuenta a la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia, la cual -ha afirmado- que no indicó ninguna irregularidad. En el interrogatorio, el responsable policial ha declarado que la manifestación fue tranquila porque por la mañana se anunció que no se haría la investidura de Puigdemont, hasta que por la tarde noche "aparecieron unos antisistema conocidos por la Comisaría y empezaron a agitar la masa". El juicio continúa este miércoles.
