La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por Carles Vallejo, con el apoyo de Irídia y Òmnium Cultural, por las torturas que el sindicalista y militante del PSUC Carles Vallejo sufrió en la Jefatura de Via Laietana durante el franquismo en 1970. Irídia y Òmnium ya están estudiando las vías internacionales para denunciar que los tribunales del Estado español están desestimando todas las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. La resolución se basa en la prescripción de los delitos y el principio de legalidad e irretroactividad de las normas penales, según el cual en el momento de los hechos no existía el delito de lesa humanidad. Irídia destaca que la resolución de la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona coincide con el texto que presentaron en relación con la inaplicabilidad de la ley de amnistía de 1977, aunque utilizan argumentos diferentes.

La abogada del caso, Laura Medina, ha detallado que "la Audiencia Provincial considera que es un requisito imprescindible para la aplicación de la ley de amnistía la previa declaración de responsabilidad penal de una persona en concreto y por un delito en concreto; desde Irídia remarcamos su inaplicabilidad porque los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos, no son amnistiables y, además, en ningún caso, puede suponer un obstáculo para iniciar una investigación penal". En paralelo, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado "inadmisible este nuevo archivo, que se suma a una dinámica, ya no solo de no reparación, sino de no reconocimiento de las víctimas del franquismo".

Recurrir el caso

Irídia y Òmnium recurrirán la decisión de la Audiencia, y denuncian que la gravedad de los hechos requiere una respuesta judicial que cumpla los estándares internacionales de justicia transicional, que establecen que es esencial abordar los crímenes del pasado a través del acceso a la justicia y la consecución de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Desde de Irídia denuncian que ninguno de estos derechos se está cumpliendo y los archivos de las querellas afectan directamente a las víctimas y las personas represaliadas "en su proceso de reparación, perpetuándose la impunidad."

En el caso de Carles Vallejo, estudiarán las vías internacionales para denunciar que los tribunales del Estado español "siguen archivando sistemáticamente" las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo. Sin embargo, la Fiscalía se ha sumado a los argumentos de las acusaciones particulares. En este caso, la Fiscalía se posicionó a favor de admitirla a trámite y señaló "la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a verdad y a la reparación de las víctimas". También la Generalitat de Catalunya se personó como acusación popular en este caso.

Desde la entrada en vigor de la ley de memoria democrática en 2022, la de Vallejo es la primera querella que se ha presentado. Aunque la ley establece como fundamental el derecho al acceso a la justicia por parte de las víctimas, todas las querellas presentadas en este marco legislativo, han acabado archivadas. Los hechos denunciados a la querella se ubican en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana 43, centro de la represión franquista en Barcelona que, desde hace décadas, las entidades memorialistas y de derechos humanos exigen que se convierta en un centro de memoria y de interpretación de la tortura.