Cuatro años y medio de retraso. La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a Jordi Ros, uno de los 12 CDR acusados de la Operación Judas, y ha ordenado que se investigue la querella que presentó contra 11 agentes de la Guardia Civil por haberlo vejado y torturado en los registros que hicieron en su domicilio de Sabadell, así como durante el traslado a Madrid el 23 de septiembre de 2019, según ha informado Alerta Solidaria, que lleva su defensa y que este martes al mediodía también detallará los casos urgentes de activistas que tienen que ser beneficiados por la ley de amnistía. La querella fue presentada en agosto del 2020 y hasta el febrero pasado, el juez instructor de Sabadell no elevó los recursos de Ros y de la Fiscalía a la Audiencia de Barcelona. Es por eso, que en la resolución, la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona afirma que la instrucción “ha sido pésima hasta la fecha” y que ya se han vulnerado derechos a Ros por las graves dilaciones producidas.
Los 12 vecinos acusados de terrorismo en la Operación Judas están pendientes de la publicación en el BOE de la ley de amnistía para que sus abogados pidan que se archive su juicio porque los hechos por los cuales se les acusa entraría en esta norma del olvido penal del Procés, a pesar de la oposición de una parte de la Fiscalía. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha reactivado el proceso penal y ha convocado una vista para finales de junio, previa al juicio. La Fiscalía pide penas de 27 a 8 años de prisión a los 12 CDR. Jordi Ros, defendido por el abogado Xavier Monge, se enfrentaría a 27 años de prisión al acusarlo de formar parte de grupo terrorista (8 años de prisión), de fabricar o tener material explosivo (11 años), y del delito de estragos en grado de tentativa (8 años de prisión).
Amenazas de detener a la familia
En la querella, Jordi Ros relata que los agentes de la Guardia Civil lo “coaccionaron y amenazaron” durante los registros que se hicieron en su domicilio de Sabadell, ordenados por el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, y que además “no le permitieron la designación de abogado”. En la conducción a Madrid, sostiene que “le pusieron un antifaz a la cara para que no supiera donde iban, que lo llevaban en una posición incómoda, que no lo dejaban dormir, y que fue reiteradamente amenazado que detendrían a miembros de su familia y a su novia”.
Es más, Ros también afirma que los agentes de la Guardia Civil mantuvieron a “su hermano, que sufre una patología mental más de 10 horas sentado en la escala, sin poder hablar con nadie y con un agente que le apuntaba con un arma”. Por todo esto, considera que se los han vulnerado sus derechos.
Delito continuado desde Sabadell a Madrid
El titular del juzgado de instrucción 2 de Sabadell admitió la querella el verano del 2020 al considerar que había indicios delictivos, pero acotó los hechos a su partido judicial, es decir, en Sabadell, y dejaba fuera las vejaciones en el traslado a Madrid. La Fiscalía no consideraba que hubiera ninguna irregularidad porque la Audiencia Nacional había desestimado recursos. Incluso, indicaba que otro juzgado, el de instrucción 3 de Sabadell, investigó la querella de Ferran Jolis, otro de los CDR procesados, y que fue archivada.
La defensa de Ros presentó un recurso y ahora la Audiencia de Barcelona le da la razón. El tribunal considera que es la misma actuación desde Sabadell a los calabozos de la Audiencia Nacional, en Madrid. “Los hechos se producen en una clara continuidad delictiva, de resultar acreditados”, afirma la magistrada Carme Guil, ponente del tribunal.
Finalmente, la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona ordena que se instruya con celeridad esta querella por torturas. “Se tiene que admitir la querella íntegramente y ordenar la investigación de los hechos sin más dilación y con carácter preferente dado el tiempo transcurrido y la vulneración ya producida del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones”, concluye la magistrada Guil en la resolución.